El 9 de junio de 2021, según uno de los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el llamado colectivo Guacamaya, se llevó a cabo una larga reunión de trabajo en las instalaciones militares de Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México. El objetivo: impulsar la “Estrategia de la SEDENA para el fortalecimiento de las Aduanas”.
De acuerdo con la minuta de trabajo, en aquella reunión iba a tratarse, entre otros temas, el relevo en las aduanas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo y Chiapas. AMLO había anunciado que a fin de “limpiar todas las aduanas” había decidido solicitar la ayuda de la Sedena y la Semar: que especialmente las aduanas del norte pasarían a manos de los militares.
Así que en aquella larga reunión se habló del nombramiento de administradores y subadministradores procedentes del Ejército, de la capacitación del personal que a partir de abril de 2022 habría de hacerse cargo de las aduanas, de los términos de colaboración que iban a establecerse con el SAT, y de los requerimientos tecnológicos y de instalaciones para alojamiento y alimentación del personal militar que sería desplegado cuando todo quedara listo.
De acuerdo con López Obrador, el fin de todo esto era acabar con el contrabando, el tráfico de drogas y de armas, y la corrupción reinante (al huachicol no lo mencionó, porque eso, según él, ya se había acabado).
Quienes llevaron la reunión ante los inexpertos militares fueron el entonces Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte y –se lee claramente en el documento hackeado por Guacamaya-- su secretario particular, el Lic. Juan Carlos Madero Larios.
El primero de los acuerdos a que se llegó fue que iba a informarse al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, de que solamente Horacio Duarte y su “secretario particular”, el licenciado Madero Larios, serían los canales de comunicación entre la Sedena y la Administración General de Aduanas.
Más de un año después de aquella reunión, el 18 de agosto de 2022, el general Luis Cresencio Sandoval le envió al titular del Centro Nacional de Inteligencia, general Audomaro Martínez Zapata, un documento confidencial en el que le informaba que, según investigaciones de la Sedena, el Lic. Juan Carlos Madero Larios recibía recursos procedentes “de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora”, y había sido señalado por la dirección de Inteligencia y el Centro de Control de Operaciones del Ejército de participar en “actos de corrupción relacionados con el contrabando de hidrocarburos, y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso, Yucatán”.
El general Sandoval le recordaba a Audomaro Martínez en su carta confidencial que Madero Larios debía haber sido cesado el 25 de agosto de 2021 y que, sin embargo, más de un año después, seguía cobrando como Administrador de Operación Aduanera, “como se puede constatar en la nómina transparente de la Función Pública”.
Como se ha dicho, en aquel documento, el entonces secretario de la Defensa acusó a otros funcionarios de manipular el Sistema de Parametrización “para presuntamente realizar actos de extorsión a los Agentes Aduanales”.
En la parte final de su carta, Sandoval le “sugería” a Martínez que “se realicen las acciones legales procedentes para evitar que evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos”.
Un segundo documento filtrado por Guacamaya prueba que Madero Larios efectivamente fue secretario particular de Horacio Duarte: “el 21 de agosto de 2021, el general Ramiro Gómez Contreras, jefe del Centro de Control Operativo aduanal dirigió un escrito al licenciado Luis Carlos Madero Larios, secretario particular del Administrador General de Aduanas” para informarle que “con motivo de las intensas lluvias que se han suscitado, han provocado inundaciones en el área de salida de los carriles ligeros y rapiscan, las que a su vez dieron lugar a la aparición de baches en la ruta fiscal y en las vías de comunicación interna”. Gómez Contreras le pedía al secretario de Duarte que acelerara las gestiones necesarias para reparar los hundimientos que estaban afectado el buen funcionamiento de la Aduana de Matamoros.
El general Sandoval supo lo que estaba ocurriendo con Madero Larios y su círculo de corrupción, y se lo informó al general Audomaro Martínez. Pero el titular del Centro Nacional de Inteligencia no procedió contra el secretario de Horacio Duarte a fin de evitar que este evadiera la justicia o que “su actuación” quedara impune.
Duarte se fue más tarde a dirigir al Estado de México la campaña de Delfina Gómez. La corrupción aduanal quedó intacta, en manos del mismo grupo que la había manejado durante los primeros años del sexenio de AMLO. En esa época, los negocios ilícitos llevados a cabo en la aduana fueron de tal magnitud, que Sergio Carmona, el Rey del Huachicol, sacó de las aduanas dinero suficiente para financiar campañas políticas de Morena en todo el estado (y en otros, muchos otros estados).
Hoy, una cuñada del funcionario denunciado por Sandoval, y exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, hace campaña para presidir el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
Esa es la realidad que con amenazas de multas y de cárcel, en un ataque directo a la libertad de expresión, un Tribunal de Tamaulipas nos quiere obligar a callar por medio de denuncias presentadas en contra de EL UNIVERSAL y de este columnista.
No callar es, simplemente, defender el derecho que a todos nos otorga la libertad de expresión.
