Tuvo que pasar más de un año desde que —de una manera pendiente aún de ser aclarada— Ismael El Mayo Zambada cayera en poder del gobierno de Estados Unidos para que llegaran, finalmente, las palabras que en todo ese tiempo se habían estado esperando en México:
“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal… Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México que nos permitieron operar libremente…”.
Son las palabras que salvaron a El Mayo Zambada de la pena de muerte.
Aunque el abogado del narcotraficante, Frank Pérez, rechazó que El Mayo tuviera un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos (“El señor no está cooperando. No va a cooperar para nada… No va a hablar de nadie”, insistió), el hecho de que le fincaran cargos que están previstos en la Ley RICO (de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) y no en la Ley Patriot, enfocada al combate del terrorismo, envía de manera irrebatible una señal, según expertos consultados: que el acuerdo con el líder histórico y cofundador del Cártel de Sinaloa es una realidad.
El juez del caso, Brian Cogan, impuso al narcotraficante una multa de 15 mil millones de dólares, que serán obtenido de sus bienes y activos. El Mayo entregará dinero a Estados Unidos, así como toda empresa que le haya sido detectada, lo que pone en la tablita a todo el que haya estado involucrado financieramente con el narcotraficante que permaneció impune en México a lo largo de 50 años.
“Estamos aquí para anunciar una victoria histórica”, señaló la fiscal general Pam Bondi, quien señaló que Zambada “ha confesado una vida de crímenes al servicio del Cártel de Sinaloa”.
“El Mayo operaba con impunidad en las más altas esferas del narcotráfico mexicano, pagando sobornos a funcionarios del gobierno, y a agentes del orden público; controlaba a funcionarios corruptos y a agentes que protegían a sus trabajadores y sus cargamentos de drogas”, dijo.
Bondi recordó que en las últimas dos décadas El Mayo ha sido acusado de al menos 16 delitos en tribunales federales (no tenía ninguna acusación, por cierto, en México).
“Durante las últimas tres décadas, El Mayo y sus cómplices ganaron miles de millones de dólares, cientos de millones cada año… El Cártel de Sinaloa inicialmente construyó sus negocios con cocaína, pero luego, bajo el liderazgo de El Mayo, recurrieron a la heroína. Recurrieron al fentanilo. Compraron precursores del fentanilo de China. Fabricaron la droga en México e inundaron nuestras comunidades”.
El fentanilo comenzó a ser detectado en Estados Unidos hace alrededor de ocho años y se convirtió en un problema de seguridad nacional, con decenas de miles de muertos cada año, a lo largo de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La de El Mayo fue una audiencia teatral, elevada al rango de “hito” y que se vendió como un triunfo de la administración de Donald Trump, en la que participaron y tomaron la palabra los titulares de la DEA, el FBI y Seguridad Interior, así como los fiscales de Nueva York, Texas y Florida.
“No hemos terminado”, anunció Derek Gordon, de Homeland Security. “Nadie está fuera de nuestro alcance”, amenazó Terry Cole, titular de la DEA. Chuck Burough, del FBI, dijo que “la declaración de culpabilidad de El Mayo no cierra el caso. El FBI busca la destrucción total de todos los que hacen posible que exista el Cártel de Sinaloa”. “Todavía falta mucho para cerrar la investigación”, concluyó el fiscal de Texas.
Los funcionarios procuraron dejar claro que esto se trata solo del comienzo de lo que vendrá, aunque anunciaron, también, que “el Cártel de Sinaloa ha sido decapitado”.
En la feria de aplausos a la administración Trump, apenas se dedicó una pálida línea de reconocimiento al apoyo del gobierno de México, que le ha entregado a Estados Unidos más de 50 narcotraficantes. Lo que quedó como telón de fondo fue la inmensa corrupción de un país en el que El Mayo operó con protección durante medio siglo, hasta 2024, según declaró él mismo.
Zambada “compró gente de todos los niveles de la política y de la policía mexicana”, dijo la fiscal general. El propio narcotraficante admitió que bajo su liderazgo se traficaron más de 1.5 millones de kilos de cocaína y que vida criminal comenzó en 1969, a los 19 años.
Zambada tuvo todo el país. En su nómina están militares, policías, federales, marinos, políticos, funcionarios de todos los órdenes de gobierno, incluidos gobernadores y tal vez personajes que se hallaban por encima de estos.
“Pasará su vida y morirá en la cárcel, donde pertenece”, dijo Bondi.
La presidenta de México ha dicho que las declaraciones del capo no le causan inquietud alguna. ¿Cuántos de los que forman parte de su movimiento y de su partido político pensarán lo mismo? ¿Cuántos se atreverán a pasar el Grito en Las Vegas o a llevar a sus hijos por unos días a Disneylandia?
Porque, no nos engañemos, esto apenas comienza.