En un contexto de violencia creciente en el estado de Colima, el sábado 31 de enero fueron asesinadas una tía y una prima del secretario de Educación Pública y exdirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Un grupo armado entró a su casa para matarlas. Les dispararon en múltiples ocasiones. Las dos mujeres se dedicaban a la venta de comida y pasteles en su domicilio. Los presuntos agresores fueron localizados horas después y, según el reporte oficial, resultaron abatidos en un enfrentamiento.

El parte indica que la policía ubicó —con sorprendente rapidez— uno de los vehículos empleados para llevar a cabo la agresión, y que tras al enfrentamiento con los presuntos agresores halló la ropa que estos portaron durante el ataque, así como el marro del que se valieron para romper las puertas.

¿Queda alguien con vida que pueda explicar los móviles de este indignante asesinato?

Apenas en octubre pasado, dos semanas después de dar a luz, fue asesinada a tiros en plena calle la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Jiménez. Unos días más tarde fue detenido un operador de segunda fila del Cártel Jalisco, involucrado con una célula de ejecución que opera en Colima y Villa de Álvarez, cuyo modus operandi es el desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos particulares.

Fue de Colima de donde partió la camioneta cargada de explosivos que causaron la muerte a cinco personas en Coahuayana, Michoacán.

Las ejecuciones en la vía pública se han vuelto pan de todos los días. El 15 de diciembre fue ejecutado en una de las zonas más transitadas de la capital el exdirector general de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Efraín Medina Valenzuela. Unos días antes fue atacado el subsecretario de operación de Colima, Heriberto Morentín Ramírez.

En solo unos días han sido incendiados cuatro restaurantes cuyos dueños se negaron a pagar extorsiones, uno de ellos, El Atracadero, con 30 años de antigüedad. La quema de vehículos y viviendas por las mismas razones es constante.

Bajo el gobierno de la morenista Indira Vizcaíno, la desaparición de personas se ha disparado 27.90 por ciento en un año. Los robos a negocios crecieron 26 por ciento; el robo a transeúnte, 18 por ciento; el robo con violencia, 17%.

El descubrimiento de fosas clandestinas y de pistas de aterrizaje clandestinas ha florecido bajo el mandato de la gobernadora. Las pugnas internas del Cártel Jalisco ya no están solo en la calle: los datos del Inegi muestran que la percepción de inseguridad creció 25 puntos en diez años. Colima es una de las ciudades más inseguras del país: 8 de cada 10 personas reprueban la gestión de Vizcaíno y viven con miedo ante el deterioro constante de la percepción de seguridad.

Hace unos días, el 16 de enero, una pareja y su bebé de tres meses fueron acribillados en el Residencial Primavera. El gobierno federal presumió la detención de 54 delincuentes durante el Operativo Pez Vela. Los resultados son de risa: se decomisaron dos armas cortas, 18 armas blancas, 12 bolsas de mariguana, un arma de diábolos, 54 cartuchos útiles, 4 cargadores, 8 inmuebles, 11 celulares, 7 autos, 6 motos… y 268 dosis de metanfetaminas.

A finales del año pasado se reveló que el Plan Michoacán lanzado por la presidenta de México, mediante el cual 10 soldados fueron enviados a aquel estado, había dejado sin protección a Colima.

Manzanillo fue un de los puertos donde estalló el escándalo del huachicol fiscal operado por altos mandos de la Marina y cuyo lodo, según el expediente, salpicó incluso a Adán Augusto López y a uno de los hijos del expresidente López Obrador.

Como se ha insistido desde hace años, Mario Delgado es uno de los funcionarios mexicanos que se halla en la mira del gobierno de Estados Unidos, cuyas agencias han investigado el financiamiento de varias campañas políticas de Morena con dinero procedente del tráfico de huachicol, entregado por el empresario Sergio Carmona cuando Delgado dirigía el partido oficial.

Una de las beneficiarias de aquel financiamiento fue precisamente la mandataria de Colima, Indira Vizcaíno.

Sergio Carmona era un tipo lenguaraz, que solía ufanarse del dinero que había entregado y de los negocios que iba a conseguir. Lo mataron, para silenciarlo, una vez que el gobierno de Estados Unidos comenzó a seguirle los pasos. Sucedió luego de las elecciones de 2021 en las que, además de él, diversos grupos del crimen organizado financiaron y apoyaron a los candidatos de Andrés Manuel López Obrador.

En ese paquete se encuentran varios de los narcotraficantes que el gobierno de México entregó al de Donald Trump. Algunos de ellos formaron parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y operaron en el puerto de Manzanillo, a lo largo del corredor Colima-Nayarit. De acuerdo con la opinión de expertos consultados, un mensaje o una posible venganza de estos grupos no deben descartarse en el lamentable ataque a las familiares del secretario.

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