Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de revelar que un pirata informático, un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa, identificó a un agente del FBI basado en la Ciudad de México, obtuvo sus registros telefónicos de entrada y salida, y utilizó cámaras de vigilancia de la capital para recopilar información, ver con quién se reunía, y asesinar a sus posibles informantes.
La información es uno de los primeros misiles que Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo que irá a juicio este 9 de julio, ha entregado al gobierno estadounidense en búsqueda de beneficios. La información se enmarca en los convenios —la “evidente” negociación con las autoridades de aquel país, como la ha llamado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch— que a mediados de mayo permitieron que 17 familiares de Ovidio se entregaran en la frontera y cruzaran hacia California.
Como de tantas otras cosas en la relación bilateral, el gobierno mexicano admitió y se quejó de que no estaba al tanto de esa negociación.
A través de una tarjeta emitida hace unos días por el coordinador general del C5 en la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, las autoridades negaron que hubiera ocurrido una infiltración criminal en el sistema de videovigilancia de la capital desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la ciudad, en diciembre de 2018.
Según Guerrero Chiprés, “no ha precisado el hacker que hizo la acusación si eran cámaras públicas o privadas”. Afirma el funcionario que el sistema se fortaleció en materia tecnológica desde la llegada de Sheinbaum al gobierno de la CDMX, lo que hace imposible su infiltración, y acusa que esto ocurrió en 2018, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.
Basta con revisar los artículos que Guerrero Chiprés publica en diarios mexicanos, en los cuales la autocrítica huyó en estampida y en los que los aplausos llegaron en masa. Y basta también con hacer un repaso del estado de las cámaras de videovigilancia de la ciudad durante el reciente asesinato de los dos funcionarios más cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada (que no estaban infiltradas, pues algunas ni siquiera servían) para entender el sentido de las declaraciones del funcionario.
En todo caso, Guerrero Chiprés emplea como argumentos exculpatorios del gobierno de la ciudad que “los hechos ocurrieron en una época en que se negaba la existencia del crimen organizado”, y sostiene que durante el gobierno de Mancera “se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras de incidencia delictiva”.
Durante la gestión de Mancera como jefe de Gobierno la explosión criminal alcanzó rangos históricos, desde luego. Un ejemplo: la Unión Tepito dejó de ser una organización delictiva que actuaba solo en una delegación capitalina y se apoderó de las actividades delictivas en más de la mitad de la ciudad. Se asentó en el centro, el oriente, el poniente, el sur de la capital. Las narcoejecuciones alcanzaron niveles nunca vistos.
Fue sin embargo durante el gobierno de Claudia Sheinbaum cuando Ovidio Guzmán llegó a operar la capital del país. Después del Culiacanazo de noviembre de 2019, fecha en que, por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, Ovidio fue liberado, el hijo del Chapo salió de Sinaloa y estableció en la CDMX lo que la periodista Peniley Ramírez llamó “un puesto de avanzada”: una oficina que, según informes de la Marina, recibía a través de componendas con autoridades aduanales el fentanilo llegado de China y operaba su traslado hacia el estado de Sinaloa.
Era en la capital del país donde se llevaban a cabo los pagos por esa operación.
Como se ha revelado, Ovidio estuvo al frente del “puesto de avanzada” entre 2019 y 2021 (o 2022). Los marinos siguieron su paso por departamentos de Santa Fe, la colonia del Valle y la Nápoles, y se enteraron de que el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero habían enviado sicarios de Tijuana para que lo asesinaran.
El 24 de octubre de 2021, cuatro gatilleros lo tuvieron a solo unos pasos en el Cheesecake Factory de Parque Delta. “Estamos listos”, informó uno de estos al jefe de esa operación: Pablo Núñez, El Flaco.
Ovidio se salvó porque a esa hora había en Plaza Delta mucha gente, y él iba acompañado por dos hombres armados. Los sicarios de El Flaco fueron detenidos más tarde por los marinos en la esquina de Dakota y Vermont, muy cerca del hotel donde Ovidio se hospedaba.
Fueron varios meses los que el hijo del Chapo, que hoy busca beneficios por parte del gobierno de Estados Unidos, se escondió y operó desde la capital después de ser liberado por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, y se hizo pasar por un empresario restaurantero.
A mediados de 2022, incluso, 14 pistoleros de su grupo fueron detenidos en Topilejo: eran miembros de sus “Fuerzas Especiales” y habían llegado a disputarle al Mayo Zambada y a Caro Quintero la capital del país.
Ovidio fue aprehendido en Sinaloa a través de información proporcionada por agencias estadounidenses que hoy lo acusan de haber negociado desde la CDMX la droga que llegaba en vuelos comerciales al aeropuerto capitalino, y por la que él obtuvo más de 24 millones de dólares.
¿Uno de sus hackers pudo haber infiltrado el C5 en ese tiempo?
El Departamento de Justicia deja suelta la bomba: una más en la serie de bombardeos contra el gobierno mexicano, en el que los misiles llegaron ya a la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, tras la acusación por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa contra la casa de bolsa de su amigo y enlace con el sector financiero, Alfonso Romo.
Estados Unidos va soltando, uno a uno, tiros de precisión que apuntan a un objetivo mayor.
