Dos días antes de su asesinato, el líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, escribió en sus redes sociales: “Pedimos sensibilidad por toda la crueldad que estamos viviendo los limoneros”.
Acababa de convocar a los productores de limón de Apatzingán a reunirse ayer en el Tianguis Limonero, para saltarse a los “intermediarios” y “no permitir el acceso a ningún corredor ni a ningún ‘coyote’ que esté poniendo precio a una fruta que no es de él”.
Era un mensaje para los grupos del crimen organizado: “Los productores nos estamos poniendo de acuerdo”, advirtió.
Bravo fue el único productor que se atrevió a denunciar las extorsiones de las organizaciones criminales contra productores, empacadores y exportadores.
Horas antes de morir había solicitado el respaldo del gobierno federal, estatal y municipal y exigió al Poder Legislativo que apurara leyes “anticoyotaje” que garantizaran la seguridad y la regularización económica en la compra y venta del limón mexicano. Llevaba años pidiendo “condiciones de seguridad que permitan trabajar libremente y que no se ponga en riesgo la vida de jornaleros y productores”.
Apenas el mes pasado los limoneros denunciaron que Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, les habían aumentado el impuesto criminal, que pasó de dos a cuatro pesos por cada kilo de limón.
Según denunciaron entonces los productores, los empacadores tenían asignada la tarea de recaudar la nueva tarifa: dos pesos por kilo de limón cortado y dos pesos por kilo comercializado.
Se producen en la región 800 mil toneladas de limón cada año. Las ganancias del crimen organizado son descomunales y explican por qué, a pesar de las repetidas promesas, las declaraciones triunfalistas, el continuo despliegue de operativos federales, los productores siguen con la bota de los criminales en el cuello.
Bernardo Bravo había promovido, hace dos años, el primero de los paros efectuados por los limoneros en contra del cobro de piso. En ese tiempo se exigía a los productores un peso por cada kilo del cítrico. En 2024 el impuesto subió a dos pesos, aunque las autoridades estatales y federales se habían comprometido a garantizar la seguridad en la región.
El anuncio detuvo el corte de limón en un 70%.
Bravo denunció que un líder criminal conocido como El Botox (Alejandro Sepúlveda Arellano), uno de los principales operadores de Los Viagras, lo había amenazado de muerte. Recibió protección oficial durante un tiempo, denuncian productores, “pero luego le retiraron la escolta”.
Sufrió también campañas de desprestigio que quisieron vincularlo con uno de los grupos delincuenciales de la región. Desde hacía por lo menos tres años, además de El Botox, fueron señalados por los productores dos jefes criminales que en Apatzingán y en Buenavista todos conocen de sobra: Andrés Sepúlveda Álvarez, El Jando o El Fresa, y Ricardo Madrigal Ávalos, conocido como El Barbas.
Son responsables de la ola de ataques a militares y policías municipales que han ocurrido a lo largo de este año en Apatzingán y otros municipios de la Tierra Caliente.
Siembra y estallidos de minas antipersonales, aparición de cabezas humanas, cadáveres abandonados en carreteras al lado de mensajes amenazantes, tiroteos a instalaciones municipales y militares, explosivos lanzados por drones y hasta cobros por parte de los criminales por conectar a la gente a la red de la CFE, forman parte de la vida diaria en Apatzingán.
Varias comunidades han sido abandonadas por gente que huye de los tiroteos y los explosivos lanzados por drones. La presidenta de El Guayabo, Fanny Arreola, denunció hace unas semanas que 70% de la población había abandonado sus casas. Ahí, “los dronazos son cosa de todos los días”.
Bernardo Bravo fue privado de la libertad el domingo. Lo llevaron a la localidad de Cenobio Moreno donde lo torturaron y asesinaron. Su padre, también productor de limón, había muerto de la misma forma. Dejaron el cuerpo de Bravo dentro de su camioneta, en un camino de Apatzingán.
Horas más tarde se anunció la captura de Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano, “encargado del cobro de extorsiones a los limoneros”, y quien opera precisamente desde Cenobio Moreno. López Mendoza ha sido identificado como integrante de Los Blancos de Troya, otro de los grupos al servicio de Los Viagras y el Cártel Jalisco. Según las autoridades, se le señala como autor intelectual del homicidio.
Bravo Manríquez es el quinto productor asesinado en la zona a lo largo del último año. La matanza comenzó en septiembre de 2024 y José Luis Aguiñaga Escalera fue la primera víctima.
Como las otras veces, el gobierno lamentó, se solidarizó, condenó. La fiscalía anunció el inicio de “actos de investigación”. En una de sus últimas publicaciones, Bernardo Bravo había señalado que la crisis de los productores de limón mexicano “no se resuelve ni con discursos ni con gestos de solidaridad simbólica”.
Más que palabras, exigió acciones concretas.
No llegaron las acciones. Y lo que va a sobrar, son los discursos y las palabras.