El viernes pasado una filtración dio a conocer que la Fiscalía General de la República, FGR, acababa de solicitar 19 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la administración anterior, que en su mayoría formaron parte de la extinta Policía Federal. Se les imputaba una probable participación “en hechos que la ley señala como delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y otros”. La FGR guardó silencio sobre la existencia de esta solicitud. Es un hecho, sin embargo, que la solicitud existe.
Todo junto corrió entre quienes alguna vez formaron parte de la Policía Federal: azoro, preocupación, miedo, nerviosismo.
Como se sabe, en la lista de los 19 funcionarios señalados por la fiscalía resalta Jesús Orta , primer secretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de Claudia Sheinbaum , quien fungió como secretario general de la Policía Federal durante la gestión de Manuel Mondragón y Kalb (2012-2014) y fue recomendado al cargo por el canciller Marcelo Ebrard (antes, con Osorio, había estado al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
El segundo lugar de la lista lo ocupa Frida Martínez Zamora , quien llegó a la secretaría general de la Policía Federal tras la salida de Orta, y que hasta su renuncia en 2018 fue considerada uno de los personajes más poderosos de la corporación debido a su cercanía con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A excepción de Carmen Patricia Quiñones , que ostentó una dirección general (y a quien se acusa de un supuesto daño por 275 mil pesos), el resto de los funcionarios mencionados ocuparon áreas administrativas en las que no contaron con mayor poder de decisión: su trabajo consistió en gestionar instrucciones giradas por superiores.
A solicitud del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, la Función Pública investigó desde el año pasado una serie de supuestos pagos inflados en la compra, mantenimiento y arrendamiento de equipos, aviones, helicópteros y vehículos terrestres y marinos. En el mes de agosto brincó la compra, en 2018, de un software de espionaje (para monitorear redes sociales, explorar y analizar perfiles y visualizar redes de vínculos en investigaciones contra organizaciones criminales), adquirido a una firma israelí con un presunto sobrecosto de 480 millones de pesos.
Desde esos días comenzó a moverse en medios el nombre de la exsecretaria general Martínez Zamora, quien reportaba directo al entonces secretario Osorio —hoy coordinador del PRI en el Senado—, así como a su oficial mayor, Jorge Márquez.
Nada había surgido hasta entonces alrededor de Jesús Orta, quien renunció a la Secretaría de Seguridad capitalina en el mes de octubre, durante uno de los mayores picos de incidencia delictiva en la historia de la ciudad. Sheinbaum alegó entonces “motivos personales” e indicó que “él ha tomado una decisión” (hoy, sin aclarar cómo se allegó detalles de la investigación, la jefa de gobierno dice que la causa de la renuncia fue precisamente la indagatoria en contra del funcionario).
Al supervisar los ejercicios 2015 y 2016, la SFP concluyó que la Policía Federal había contratado servicios por 890 millones de pesos, aunque solo comprobó 467. Durante el ejercicio que siguió, 2018, se encontraron anomalías por 8 mil millones de pesos relacionadas con todo lo imaginable: gastos de hospedaje, de alimentación y de traslado no comprobados: presuntos operativos “fantasma” que se cobraron y aparentemente no se realizaron: “pagos improcedentes por 6 mil 154 millones” al incluir como turnos completos “trabajos de una hasta ocho horas”.
En su informe de resultados de esa cuenta pública, la Función Pública revela nuevas irregularidades, esta vez por un total de 1,500 millones de pesos. Desde febrero pasado comenzó el proceso de aclaración de la partida “Gastos en Seguridad Pública y Nacional”: además del de la compra, a sobreprecio, del equipo de espionaje ya mencionado, se halló otro contrato por 170 millones por la adquisición de “diversos equipos”, “sin que el proveedor cumpliera con la entrega de los equipos adquiridos”.
Se entregaron también 42 millones de pesos a diversos servidores y no se halló documentación que soportara su ejercicio, “ni existe ningún informe sobre los resultados de la operación o investigaciones realizadas por el personal de la Policía Federal que recibió estos recursos”, se lee en el informe.
Al mismo tiempo se detectó otra irregularidad por 800 millones, “ya que la Policía Federal no comprobó que los servicios de patrullaje y vigilancia extraordinaria contratados se hayan llevado a cabo”.
A juristas consultados les llama la atención que el cargo en contra de estos servidores, según la filtración, sea el de delincuencia organizada y no el de peculado o enriquecimiento ilícito simple. ¿Habrá un juez que los vincule a proceso por esa hipótesis?
Aunque algunos de ellos van a verse en muy serios problemas, parecen ser llamados a cuentas con otro fin: declarar en contra de sus jefes.
La Función Pública ha dejado saber, simultáneamente, que el senador Osorio Chong es investigado por un incremento de 14 millones de pesos en su patrimonio, ocurrido entre 2014 y 2017, cuyo origen no ha explicado ni justificado.
Como un apunte vale la pena recordar que Osorio tendió una robusta red político-electoral en varios estados. Con esa red intentó construir su frustrada candidatura a la Presidencia. No es secreto que ha comenzado a operarla para favorecer determinadas precandidaturas. Pronto se verá si esto está más relacionado con el proceso de 2021 que con la mera lucha contra la corrupción.
La cacería ha comenzado. Al exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto se le comienza a cercar por todos lados. Y de paso, el gobierno de Sheinbaum recibe un serio golpe.
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