Este 2024 se cumplen 30 años de la creación del S.N.S.P., como el más importante órgano transexenal de seguridad pública en nuestro país y eje de toda la política pública en la materia. La seguridad que tenemos, con evidentes diferencias por ciudades y regiones, no se podría entender sin las grandes aportaciones realizadas por el Sistema a través de los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En el Pleno del Consejo han sido aprobados temas tan importantes como el Programa Rector de Profesionalización, para la capacitación de las y los policías, una de las grandes preocupaciones del Sistema, que tiene tres actualizaciones (Acuerdo 05/XXVIII/10, Acdo. 06/XXXVI/14 y Acdo. 03/XLI/16); el Sistema Nacional de Información, que surge gracias a la creación de los registros nacionales, entre otros, el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (Acdo. 65/99); el Registro Nacional de Seguridad Pública (Acdo. 115/01); el Registro Nacional de Huellas Balísticas (Acdo. 18/XII/02) y la creación de Plataforma México y del Sistema Único de Información Criminal (Acdo. 05/XXI/07).
Por el Pleno del Consejo ha pasado el Protocolo Nacional de Primer Respondiente y el Informe Policial Homologado (Acdo. 04/XXXVIII/15); la creación en todas las entidades federativas del Centro de Justicia para las Mujeres (Acdo. 10/XXXIX/15); el servicio homologado para operar en todo el territorio nacional el número único de atención de llamadas de emergencia 911 (Acdo. 03/XL/16); la creación de las unidades especializadas en combate al secuestro, en todos los Estados (Acdo. 3/XXXI/11); y, el acuerdo para implementar las acciones que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Acdo.3/XLIII/17), entre muchos otros importantes temas que muestran la gran variedad de aristas y la complejidad que tiene la seguridad pública.
Solo en la 49ª Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre pasado, el Pleno del Consejo aprobó, entre otros, el acuerdo que ratifica el Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (Acdo. 08/XLIX/2023); el Modelo Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Acdo. 10/XLIX/23); el acuerdo que fortalece la Capacitación con Perspectiva de Género a las corporaciones policiales (Acdo. 15/XLIX/2023) y el Sistema de Alerta Inmediata para Combatir la Violencia de Género (Acdo. 16/XLIX/2023), estos últimos para garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y cumplir una de las más apremiantes demandas de colectivos feministas.
Se habla mucho de la inseguridad por la alta visibilidad e impacto social que tienen los fenómenos criminales, pero los resultados de la ENVIPE 2023 muestran que la percepción de la población respecto de la situación actual de inseguridad pasó de 79.4 en el 2018 a 74.6 en el 2023 y esto es posible porque en las instituciones del Estado responsables de la seguridad se trabaja todos los días para garantizar la seguridad de la población en temas que no trascienden a la opinión pública pero que tienen un impacto real en el ciudadano de a pie.
A 30 años de su creación y a la luz de las inminentes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia que se avecinan en el 2024, es necesario revisar el diseño del Sistema; fortalecer las instancias de coordinación; permitir que los invitados permanentes de la sociedad civil no solo tengan voz sino también voto en las sesiones del Consejo Nacional; y darle atribuciones al Pleno para que pueda emitir recomendaciones a alguna de sus partes por incumplir su deber de garantizar el derecho humano a la seguridad. Al ser una materia
concurrente (Federación, Estados y Municipios) la seguridad pública implica delimitar, asumir y enfrentar responsabilidades en el ámbito del Estado.
Fuera del Estado también hay responsabilidades. Edgardo Buscaglia ha documentado que ahí donde hay una mayor presencia de organizaciones de la sociedad civil, participación de la comunidad y valores familiares hay más seguridad ciudadana y menos delitos.
Las reformas que dieron lugar al Sistema en 1994 modificaron el concepto de seguridad pública y, de ser un servicio público a cargo de los municipios, pasó a ser una función de Estado. Hoy tenemos otros problemas de inseguridad y nuevos fenómenos delictivos, un escenario distinto que amerita replantear el concepto de seguridad pública plasmado en nuestra Ley Suprema y pensar en adoptar un concepto de seguridad ciudadana compartida, Estado/Sociedad, para que, como refiere el artículo 144 de la Constitución Política de Brasil, se entienda a la seguridad pública como un deber del Estado, pero una responsabilidad de todas y todos.
