En días pasados, el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto que prohíbe la venta de productos envasados a menores de edad en esa entidad. Es un decreto anticonstitucional, porque contraviene el principio de proporcionalidad —en perjuicio de la libertad de comercio—, y porque la Constitución dispone que lo relacionado con la salud es facultad exclusiva de la Federación.
El decreto viola, también, la Ley General de Salud, que privilegia un sistema de advertencia y no uno de prohibición.
Lo primero que debe preservar una sociedad es el Estado de derecho, y éste se vulneró en Oaxaca. Se legisló atropellando los procedimientos parlamentarios. El decreto no cuenta con un sólido sustento desde el punto de vista científico. No se llamó a consultas a los principales afectados. No se valoró el impacto económico que la medida acarreará en una economía deprimida. Tampoco se tomaron en cuenta las costumbres de la población. Un ejemplo: el decreto afectará el cacao y chocolate artesanal que se distribuye envasado en tiendas, abarroterías y restaurantes.
El Congreso de Oaxaca apresuró el decreto y descuidó las formas para ganar notoriedad en medio de la pandemia. Parece una medida importante, pero bien vista es una medida que daña la economía y que, sobre todo, no ofrece una solución al problema que más interesa, que es la salud de los oaxaqueños.
La Organización Mundial de la Salud ha mostrado que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial, no atribuible únicamente a los alimentos y bebidas envasados. Del mismo modo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que los alimentos y bebidas procesadas representan tan sólo 30% de la ingesta calórica.
Nada de esto lo tomó en cuenta el Congreso de Oaxaca al emitir el decreto.
Estamos a favor de la salud de la población mexicana, de su buena alimentación y del ejercicio físico, pero la medida adoptada es meramente un paliativo que no ataca los problemas centrales de la obesidad, como lo es el sedentarismo.
La Secretaría de Salud de Oaxaca debe procurar la moderación en la población del estado: la prohibición incentiva el consumo, como se ha visto en otros casos. Las prohibiciones fomentan la informalidad, en detrimento de los negocios establecidos.
La sociedad oaxaqueña requiere una política integral en su sistema de salud, y no decretos que no atacan el problema de raíz y que parecen motivados por intereses ideológicos.
El decreto emitido por el Congreso de Oaxaca no resolverá el problema de obesidad en los menores de la entidad, y sí, en cambio, creará nuevos problemas económicos y sociales. La trayectoria de la economía oaxaqueña iba a la baja (-7.2% en 2019 y -2.1% en las primeras mediciones de 2020) y los efectos de la pandemia sobre la economía profundizarán sin duda esta tendencia. En este contexto se inscribe la medida aprobada: su impacto perjudicará directamente a alrededor de 58 mil pequeños comercios, cuyos ingresos dependen en 60% de la venta de alimentos y bebidas.
Los mexicanos estamos a favor de la libertad. Nos gusta poder elegir lo que creemos que es bueno para nosotros. No nos gusta que nos digan qué debemos de pensar, qué debemos de ver y cómo comportarnos.
Ese rol normativo corresponde, para los menores de edad, a su familia.
El Congreso de Oaxaca invadió esferas legales, creó un grave problema económico donde no lo había, sin remediar el problema que se proponía corregir, pero sobre todo vulneró la libertad de los oaxaqueños, de comerciar y de elegir. El decreto debe impugnarse y derogarse, por el bien de los derechos y libertades de las familias oaxaqueñas.
Presidente Nacional de Coparmex
