Hace un año —en medio de un clima de expectación— tomó posesión de su cargo como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En este mismo espacio, saludamos entonces su llegada como un gran momento de la democracia mexicana, que en 40 años habría transitado de la dictadura perfecta a una democracia electoral madura. Fueron muchos los combates que se emprendieron para arribar a esa meta. Se requirió de un gran esfuerzo colectivo. La alternancia de 180 grados en el liderazgo nacional fue el corolario de la maduración de un largo proceso democrático.
A un año de distancia, seguimos siendo un país de leyes. En lo fundamental, nuestro sistema económico no ha sido afectado. Conservamos la estructura tripartita de gobierno. Los medios de comunicación, aunque no han sido censurados o expropiados, han padecido desde la Presidencia embates cotidianos y reparto faccioso de la publicidad oficial. Los supuestos macroeconómicos se han mantenido con fundamentales correctos. La Constitución no ha sufrido —salvo para dar cabida a la Guardia Nacional y a la contrarreforma educativa— transformaciones mayores. Pero un pronóstico realista no puede dejar de advertir que en el horizonte se perfilan tiempos nublados.
Con ánimo propositivo, y desde el liderazgo empresarial, hemos discrepado del gobierno federal y del Presidente cuando las leyes propuestas, las decisiones adoptadas o las medidas aplicadas no han sido las correctas. Nos pronunciamos —siempre respetuosamente y planteando alternativas viables— contra el abandono del nuevo aeropuerto en Texcoco y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, expresando también nuestro rechazo a la ejecución del proyecto de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya hasta que estos proyectos no cuenten con los estudios de viabilidad económica e impacto ambiental. Nos hemos opuesto a que estas obras se edifiquen violando leyes y reglamentos. El desarrollo no debe darse por encima de la ley.
El 1 de julio de 2018 se cumplió a cabalidad con el primer paso, esencial, de la democracia: el proceso electoral fue ejemplar y la victoria del candidato opositor muy clara.
Pero la democracia no termina con las elecciones, comienza con ellas. Todo gobierno debe procurar el ensanchamiento de la participación ciudadana, volver más respirable el aire de la plaza pública, animar la democracia participativa. El actual gobierno ha elegido, como instrumentos para promover dicha participación, las consultas populares y las conferencias de prensa matutinas.
Ambos ejercicios han dejado mucho qué desear. En vez de ensanchar y enriquecer la participación ciudadana, se han convertido en instrumentos carentes de confiabilidad. Las consultas que se han realizado presentaron tantas deficiencias en su diseño y ejecución, que no pueden ser tomadas en cuenta como un ejercicio democrático. Las consultas fueron más bien un mecanismo para legitimar de forma espuria decisiones previamente tomadas. En cuanto a las conferencias matutinas de prensa, éstas se han convertido en un espectáculo mediático donde la mentira, los sofismas y el adoctrinamiento son elementos recurrentes. Son de ordinario, un tribunal del escarnio sin pruebas; un escenario de lucimiento, con preguntas y periodistas a modo; el foro para lanzar apodos, insultos y amenazas a periodistas, líderes opositores, activistas y políticos. En suma, un instrumento de propaganda autoritaria al servicio del Presidente.
La democracia no se ha fortalecido con esos ejercicios. Hoy somos una sociedad menos informada y con menos canales de participación.
Dada su dualidad como jefe de Estado y jefe de Gobierno, una de las responsabilidades centrales del Presidente de la República es la de procurar la concordia entre sus habitantes, gobernar para todos sin distingo. No ha ocurrido así en el primer año de gobierno del licenciado López Obrador ya que ha atizado y promovido la polarización social. Para el titular del Poder Ejecutivo, un sector significativo de la sociedad es conservador, es decir: su adversario. Cuando hace un año el Presidente afirmó que gobernaría para todos, lanzó al aire una promesa que no ha cumplido.
Hay que decir que la necesaria división de poderes en nuestra república no goza hoy sus mejores momentos. Hemos vuelto al tiempo de los diputados levantadedos. El Congreso y el Senado, con mayorías afines al Presidente, han actuado como cámara de eco del Poder Ejecutivo.
No podemos decir lo mismo del Poder Judicial de la Federación que, aunque temeroso en la acción por sus propias fallas, mantiene su capacidad de emitir resoluciones contrarias al Gobierno Federal. Desde luego qué hay signos preocupantes como la inclusión de abiertos simpatizantes de Morena como ministros de la Suprema Corte y el reciente control del Congreso en asuntos de la Judicatura Federal. Esto, y la empatía pública e inconveniente cercanía que ha mostrado el ministro presidente de la SCJN hacia el proyecto político del Presidente de la República, hacen temer que los aparatos de justicia puedan mostrar proclividad hacia el Ejecutivo. La división de poderes, que garantiza el equilibrio republicano, corre el riesgo de ser vulnerada.
Tampoco ha sido un buen periodo para los organismos autónomos cuya función es la de servir de contrapesos al Poder Ejecutivo y antídoto institucional ante las imperfecciones del régimen presidencialista. En todos los casos se ha reducido significativamente el presupuesto de esos organismos.
La CNDH, cuya titular fue nombrada a través de un fraude, ha perdido en días la autoridad que ganó en años la institución, justo cuando organismos como Amnistía Internacional han llamado la atención sobre las incongruencias del gobierno actual en materia de Derechos Humanos. El INAI no ha dejado de recibir a lo largo del año descalificaciones y acres críticas de parte del Presidente, que por otro lado ordenó que los asuntos relacionados con la conformación de su partido se reserven hasta el 2024. La transparencia no es el fuerte de la presente administración.
Caso relevante en la preocupación por los órganos autónomos, es el del INE, que el año pasado fue el garante del triunfo electoral del licenciado López Obrador, y que hoy sufre repetidos ataques de la fracción morenista en el Congreso cuyo fin es supeditar ese instituto a su influencia. Es de primerísima importancia que los ciudadanos, la sociedad en general y los empresarios nos empeñemos en la defensa del Instituto Nacional Electoral, pieza central de la democracia mexicana.
No mejor ha sido la suerte de otros organismos de medición y control, como el INEE, que desapareció, o de los órganos reguladores, como la CRE.
El nombramiento de superdelegados estatales fue una mala noticia para el federalismo. Como también el hecho de que el presidente contara con una mayoría legislativa que, en los hechos, le significó ya no tener que negociar con los gobernadores —que en más de la mitad de los casos cuentan con mayorías opositoras en los congresos locales. En el Plan Nacional de Desarrollo el federalismo está por completo ausente. Debemos expresar nuestro reconocimiento porque la lucha contra la corrupción y el combate a la pobreza siguen siendo los ejes centrales del presente gobierno. Sin embargo, no se han fortalecido los organismos creados para institucionalizar el combate a la corrupción y, en cuanto al combate a la pobreza, las transferencias directas de efectivo a decenas de millones de personas se han otorgado a través de programas sociales que carecen de estructura, no tienen métricas y no son verificables.
Tres son los elementos que más preocupan por el enorme impacto negativo que pueden tener en la sociedad. El primero y más importante tiene que ver con el cumplimiento de la ley. El Presidente, así lo ha dicho en reiteradas ocasiones, piensa que es más importante la justicia que la ley. Estas declaraciones, y las acciones que le siguen en consecuencia (como el memorandum que de facto anulaba la reforma educativa), vulneran de forma muy grave el Estado de Derecho, que es el piso en donde deben asentarse gobierno y sociedad.
El segundo, no menos central, tiene que ver con la ausencia de crecimiento económico, fruto de la desconfianza de los inversionistas frente a un gobierno que juzgan arbitrario. Puede haber crecimiento sin desarrollo pero lo que no puede haber es desarrollo sin crecimiento. La economía está estancada y, más allá de definiciones académicas, es muy probable que estemos en recesión. Si el país no crece en el futuro cercano veremos un aumento en el desempleo y el recorte de programas sociales. El panorama económico no es halagüeño: si Pemex pierde el grado de inversión esto afectará de manera dramática nuestra calificación soberana.
Por último, no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por los escasos resultados que hasta ahora ha dado la estrategia contra la inseguridad. Vivimos en el periodo más violento de que se tenga registro en nuestra historia. Aunque es muy pronto para saber si la estrategia fracasó, las cifras actuales muestran que si en el renglón de homicidios se registra una ligera contención, en otros rubros, como el secuestro y la extorsión, se han disparado estos delitos. No se trata de volver a estrategias del pasado sino de examinar conjuntamente, sociedad y gobierno, sin partidismos ni visiones dogmáticas, qué funcionó antes y qué de lo nuevo funciona bien. Sin el acuerdo y la colaboración de todos no podremos hacer frente a una delincuencia que, como vimos en Culiacán, está muy bien organizada.
Son muchos los temas porque son muchos los cambios que ha emprendido este gobierno. Menciono dos puntos que nos parecen muy graves como lo son la ley de extinción de dominio y las nuevas leyes relacionadas con el fraude fiscal. Se trata de leyes que inhiben la confianza, la inversión y el crecimiento.
Hoy varias de esas instituciones vitales para el funcionamiento de la democracia están en riesgo. Algunas han desaparecido, a otras se les ha mermado en su capacidad por vía del presupuesto, y otras tantas se han supeditado al Ejecutivo. Estamos empeñados en la defensa de las instituciones democráticas.
Tal y como lo expresamos hace un año en estas páginas, reiteramos nuestro compromiso de apoyo al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador (en cuanto jefe del Estado nacional). Deseamos que el próximo año sea próspero para todos los mexicanos.
Presidente de Coparmex
