La evidencia empírica que con frecuencia nos enrostra que los efectos derivados del cambio climático afectan no solo a los ecosistemas sino a los sectores más vulnerables de la sociedad no parece hacer mella en dos de los actores más importantes en diseñar y operar la política energética del país: la Secretaría de Energía (SENER) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ambas parecen estar empeñadas en contribuir lo más posible a impedir que aquellos sectores más vulnerables a los impactos del cambio climático, tanto en zonas urbanas como rurales, en las costas como en la montaña o los valles, alcancen un estado de bienestar en su devenir: productores agrícolas de temporal, comunidades forestales y pesqueras, sectores de la tercera edad, infantiles y/o en situación de marginación socio económica, por citar algunos.
Dicha vulnerabilidad está relacionada a la posición geográfica de México en donde se manifiestan de forma acentuada las consecuencias del cambio climático y la exposición de la población a huracanes extremos en los litorales; sequías recurrentes en varias regiones; olas de calor en muchas ciudades; incendios forestales en todo el territorio; plagas y enfermedades tropicales donde no se presentaban. Lo anterior, además de la extinción de especies que no logran adaptarse con la rapidez con la que cambia el clima. Los fenómenos meteorológicos extremos están obligando a la gente a dejar sus tierras y comunidades. Los impactos climáticos impiden mejorar las condiciones de vida y bienestar de los más necesitados. La seguridad alimentaria del país se verá amenazada.
En el último año hemos atestiguado cómo la SENER y la CFE han privilegiado la energía sucia, contaminante. A la par de haber detenido el moderado estímulo a las energías renovables como la solar, el esfuerzo estuvo dirigido a licitar plantas de generación eléctrica a base de gas y a expandir el uso combustóleo en las centrales eléctricas de San Luis Río Colorado, San Luis Potosí, Salamanca, Mérida IV, Baja California Sur y Baja California Sur VI. Esta política energética solo asegura mayor contaminación de la atmósfera y daños a la salud de las personas.
La emergencia climática es innegable. No hay que perder tiempo en insistir con políticas energéticas obsoletas -continuación de los sexenios anteriores- basadas en combustibles fósiles. La 4T tiene que cambiar de estrategia energética y asumir una responsabilidad mayor en el combate real y significativo al cambio climático para garantizar el bienestar de la población de México.
Director de Greenpeace México, A.C
