Históricamente la pesca ha representado un importante medio de subsistencia para hombres y mujeres definiendo el desarrollo de pueblos y civilizaciones en todo el mundo. Al día de hoy, la relación del ser humano con los océanos, desde el punto de vista del aprovechamiento, ha tenido un fuerte impacto en el medio marino. En México, es sabido desde hace una década que cerca del 30% de las pesquerías se consideran en estado de sobrepesca y casi el 20% ha colapsado.[1]
Sin embargo, hablar de sobrepesca o degradación del hábitat es solo ver la punta del iceberg. Si consideramos toda la cadena de producción, los retos que enfrenta el sector pesquero y acuícola a nivel global son mayúsculos.
La importancia de la pesca y la acuacultura nacional es evidente considerando que la economía de más de 300 mil personas depende directamente de estas actividades y otros 2 millones están involucradas de manera indirecta. Con un valor de producción de 41 mil millones de pesos y un volúmen de captura de 2.1 millones de toneladas, ocupamos el lugar número 17 en la producción de pescados y mariscos a nivel mundial[2],[3]. Sin embargo, estas cifras apantallantes contrastan con las problemáticas que el sector pesquero y acuícola atraviesa en nuestro país.
¿Cómo podríamos definir la situación actual de la pesca en México? Son evidentes los retos en su gestión, la cual se caracteriza de manera general por políticas de acceso abierto, regulaciones con poca consulta y participación social, incumplimiento de la normativa, incentivos inapropiados y una incompatibilidad de escalas entre las que se quieren administrar los recursos, y en las que se distribuyen los sistemas socio-ecológicos. Esto sumado a la inequidad que viven los pescadores ribereños quienes tienen acceso limitado a los recursos y presentan además algún grado de marginación debido a sus precarias condiciones de vida que les impone una barrera más para la competitividad.
La inadecuada gestión en materia pesquera no sólo repercute en los recursos marinos, también en la economía del sector y en la credibilidad nacional e internacional del gobierno federal y sus instituciones responsables de la administración en temas pesqueros. Ejemplo de esto es el reciente embargo implementado por Estados Unidos al camarón mexicano, que se estima represente pérdidas de hasta 200 millones de dólares afectando a más de 30 mil productores[4]. Esta decisión es en parte consecuencia de la falta de políticas y capacidades para garantizar la protección de las especies de tortugas marinas en aguas mexicanas atrapadas en las redes de arrastre. La necesidad de fortalecimiento del marco regulatorio para el manejo eficiente de los recursos se refleja en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS), publicada en 2007 y cuya necesidad de actualización ha sido señalada por grupos que buscan incidir en la mejora de la situación pesquera del país. Uno de los puntos más señalados es la falta de su Reglamento al día de hoy, lo cual intensifica los vacíos legales que impiden el manejo efectivo y sustentable de las pesquerías.
Otro aspecto a considerar son los efectos del cambio climático, los cuales ya nos alcanzaron sumándose y magnificando los retos que la pesca enfrenta. La modificación en el patrón de distribución de especies comerciales, cambios en las condiciones del medio marino, la intensificación de huracanes y tormentas y el aumento en el nivel del mar, son algunas de las situaciones a las que el sector pesquero nacional tiene que enfrentar con pocas alternativas[5]. Los pronósticos no son alentadores, pero sin duda la capacidad de adaptación a situaciones adversas para la pesca estará determinada en gran medida por las políticas públicas que se definan considerando las necesidades del sector bajo un enfoque integral y sostenible.
Dada la relevancia del tema pesquero y acuícola en nuestro país, su compleja problemática y sus dimensiones sociales, ambientales y económicas que la componen, desde el la sociedad civil consideramos necesario que todos los actores interesados contribuyan para fortalecer y mejorar la gestión y el manejo adecuado de los recursos pesqueros a través la muy vasta experiencia que se tiene en la materia, sumándonos todos al esfuerzo colectivo que ya se realiza para impulsar un marco normativo robusto que permita contar con reglas claras e inclusivas en el que se garantice el derecho de los mexicanos a la salud, el trabajo digno y a un medio ambiente sano.
Más información sobre el tema:
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/Vazquez-Vera_et_al_2021_CEMDA.pdf
[1] Arreguín-Sánchez, F., & Arcos-Huitrón, E. (2011). La pesca en México: Estado de la explotación y uso de los ecosistemas. Hidrobiológica, 21(3), 431-462.
[2] Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024. DOF 30/12/2020.
[3] FAO, 2020. El estado de la pesca y la acuacultura 2020: Sostenibilidad en acción. Roma.
[4] Boletín del Senado de la República. 8 de mayo de 2021. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50964-embargo-camaronero-de-eu-generara-perdidas-millonarias-denuncia-narro-cespedes.html
[5] Abas, M. 2021. Bases conceptuales para la adaptación al cambio climático del Sector Pesquero y Acuícola en México. Environmental Defense Fund
