México es un país privilegiado en términos de su cercanía y disponibilidad de cuerpos de agua. Además de sus 11 mil 122 km2 de litoral, cuenta con 15 mil km2 de lagunas costeras, 29 mil km2 de cuerpos de agua interiores, así como 757 cuencas, divididas en 653 acuíferos. Sus ríos y arroyos constituyen una red hidrográfica de aproximadamente 633 mil km de longitud y cuenta con 142 humedales de importancia internacional, con una superficie mayor a 8.6 millones de hectáreas. Sin embargo, la sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua, así como los impactos generados por el cambio climático, ponen en riesgo el patrimonio hídrico nacional.
En febrero de 2012 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano para reconocer en el artículo 4° el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. A la par de su reconocimiento constitucional, se estableció el mandato para que el Congreso de la Unión expidiera en un plazo de un año la Ley General de Aguas Nacionales, con la finalidad de garantizar el ejercicio de este derecho, algo que al día de hoy no ha sucedido. En la exposición de motivos de la reforma constitucional, se hace mención de diversos instrumentos internacionales sobre el derecho al agua, entre los que destacan la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Dicha observación desarrolla el contenido del derecho humano al agua desde una perspectiva de derechos humanos, considerando que el derecho al agua se debe garantizar bajo los siguiente términos: disponibilidad, calidad, accesibilidad, no discriminación y acceso a la información. Hoy en día, la contaminación incesante, el continuo deterioro de los ecosistemas, la sobreexplotación de los recursos hídricos y su distribución desigual, así como la disminución de su disponibilidad1, se mantienen e incluso han empeorado.
Actualmente, podemos afirmar que el pronóstico fue subestimado. La disponibilidad hídrica media por habitante es menor que la proyectada en la exposición de motivos de la reforma: pasamos de una proyección de 3,705 metros cúbicos por persona al año para 2030 a 3,200 metros cúbicos de disponibilidad actualmente.2 Además, las fugas de agua de la red de agua potable, que oscilan entre 30% y 50% a escala nacional, se mantienen, lo que significa que no se ha logrado ningún avance para corregir esta problemática.3 Tampoco se ha logrado contrarrestar la distribución inequitativa de los volúmenes de agua, lo que se puede constatar comparando las cifras presentadas en la iniciativa con las de la situación actual: 76% agrícola (antes 77%), 14% abastecimiento público, 5% industria autoabastecida, 5% generación de electricidad (antes 4%).4
Aunado a lo anterior, la cifras nos permiten asegurar que estamos ante una profunda crisis hídrica a nivel nacional: solo el 52.5% de la población goza de un suministro diario de agua potable en su vivienda5; 8 de las 13 regiones hidrológicas administrativas del país cuentan con un alto grado de presión sobre el agua6; dos terceras partes del territorio se encuentra en situación de estrés
hídrico7; más del 70% de las aguas superficiales presentan algún grado de contaminación8; el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México pronostica que el día cero del Sistema Cutzamala llegará el 26 de junio del presente año9; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluyó que la demanda aumentaría un 55% a nivel mundial entre 2000 y 2050.10
Para comenzar a revertir la crisis hídrica en la que nos encontramos, se requiere una visión de mediano y largo plazo. Incluso logrando la cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento, el ejercicio pleno de este derecho implica abordar importantes retos de política pública y presupuesto para el saneamiento y la restauración de los cuerpos de agua. ¿Están los candidat@s a la Presidencia de México conscientes y entienden este enorme reto? Al día no le han dado la importancia que el tema merece; ya es tiempo de que se posicionen al respecto.
Por Gustavo Alanís Ortega, fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Alberto Alarcón, Abogado Jr. del área de Investigación y Política Pública del CEMDA.
