El pasado 15 de enero del presente, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil ambientalista de nuestro país fueron invitados a una reunión de trabajo con los funcionarios de más alto nivel de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de diversos órganos desconcentrados y descentralizados de la propia SEMARNAT, destacando la presencia de representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Por principio de cuentas, varios de los asistentes agradecieron la invitación a conversar, a dialogar con las nuevas autoridades ambientales federales, algo que no sucedió en lo absoluto en la Administración anterior con la que no hubo la más mínima colaboración o acercamiento. Este giro se valora y da la oportunidad para que sociedad y gobierno puedan trabajar juntos en favor de las mejores causas ambientales, en favor de la salud, la vida y la calidad de vida de las personas. Lo que se buscaba en dicho encuentro era empezar a construir (reconstruir) puentes para un futuro sostenible, en donde las organizaciones expresaron sus temas de interés y de preocupación con respecto a la agenda ambiental y en donde la SEMARNAT expuso sus prioridades al 2030.
Entre otros aspectos, los representantes de SEMARNAT resaltaron la importancia de las áreas naturales protegidas, buscando que estas sean representativas de los ecosistemas, refirieron la propuesta de contar con dos parques relacionados con la economía circular, el que cuentan con un Programa Nacional de Restauración, la importancia de actualizar normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la necesidad de simplificar trámites, el dignificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, darle la importancia que se merece a la zona federal marítimo terrestre, la necesidad de trabajar en un programa especial de cambio climático y uno de adaptación, y la ciudadanización de la PROFEPA buscando hacer de esta una defensoría ambiental/pública.
Con respecto a algunos temas de colaboración, entre otros, se mencionaron los siguientes: La necesidad de contar con una Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos que priorice el agua como un bien de las personas y pueblos basados en el manejo integral de la cuenca; Desarrollar una legislación que promueva una verdadera Economía Circular, que sea restaurativa de la naturaleza y los recursos naturales esenciales (como el Agua), que elimine los incentivos perversos para generar productos contaminantes e innecesarios (plástico de único uso); el poder revisar y, en su caso, mejorar y fortalecer los muy diversos espacios de participación social contemplados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Estos, están en los artículos 1, 15, 18, 20 bis, 34, 58, Titulo V participación social, artículo 189 de la propia LGEEPA; la posibilidad de revivir y fortalecer los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (artículo 159 de la LGEEPA), el Consejo de Cambio Climático y los consejos de ANPs, forestal y de Cuencas.
Igualmente, se sugirió: la creación de un Consejo Ciudadano en la PROFEPA como lo tiene la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) en la CDMX; la necesidad de Proteger y conservar nuestros mares y costas mediante instrumentos legales y de política ambiental con una visión de ordenamiento ecológico y desarrollo sustentable; regular plantas desalinizadoras; contar un Programa Nacional de Conservación y Restauración de Humedales; y contar con una estrategia de carbono azul; el poder colaborar en la elaboración de la hoja de ruta y el plan de implementación del Acuerdo Escazú en México y, la revisión y, en su caso, mejora y fortalecimiento del marco jurídico-ambiental en su integralidad.
Entre las preocupaciones resaltadas, vale la pena mencionar las siguientes: Retroceso y opacidad en temas de acceso a la información ambiental ante la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); la falta de una efectiva implementación de la legislación ambiental y sus instrumentos como la evaluación de impacto ambiental (EIA) y el cumplimiento adecuado de las condicionantes que establecen los resolutivos; la urgencia de alejar a México de los combustibles fósiles tal como se acordó en la COP 28 de Cambio Climático en Dubai.
Además, uno de los aspectos más preocupantes son las diversas agresiones y asesinatos a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. En los 10 años pasados, 168 defensores ambientales fueron asesinados en nuestro país, algo que es francamente insostenible; igualmente, se manifestó la necesidad urgente de revertir las altas tasas de deforestación que se están dando en el país causada en buena parte por el crimen organizado sin que nadie haga mayor cosa al respecto; la pérdida excesiva de manglares en el país; la falta de planes de manejo de mas de 100 áreas naturales protegidas de competencia federal; el poco presupuesto destinados a las instituciones ambientales y, el evitar a toda costa desde el gobierno el greenwashing.
Así las cosas, hay que recordar que el papel de las OSC es esencial para garantizar que los procesos, proyectos, obras y actividades cumplan con los compromisos ambientales adquiridos por el país y con el marco jurídico vigente a nivel nacional e internacional, coadyuvando con ello a la legalidad y estado de derecho en materia ambiental. Además, no solo debemos vigilar, sino también aportar soluciones con sustento técnico que sean viables en términos económicos, sociales y ambientales, fomentando una transición hacia modelos sostenibles.
Finalmente, decir que el contexto actual demanda una acción organizada y articulada entre todos los sectores: gobierno, sociedad civil, sector privado y academia. Sin embargo, es fundamental que, en esta colaboración, el interés superior de la protección ambiental y social prevalezca, asegurando que las decisiones y políticas respondan a las necesidades urgentes del planeta y las personas y se respete su derecho constitucional a un medio ambiente sano.
Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
