Por Gustavo Alanís Ortega y Anaid Velasco Ramírez
En vísperas de la celebración de la COP 30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a celebrarse en noviembre próximo en Brasil, México se prepara para presentar la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Se trata de un momento clave: la emergencia climática ya fue reconocida como tal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Opinión Consultiva 32/2025 y, al mismo tiempo, la presión nacional e internacional para traducir los compromisos en acciones concretas es cada vez mayor e irá en aumento.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha puesto en marcha un proceso participativo para enriquecer la nueva NDC. Organizaciones de la sociedad civil, especialistas y ciudadanía han planteado propuestas puntuales: desde la reducción de emisiones de metano hasta la construcción de una transición energética justa, pasando por enfoques transversales como derechos humanos y género. Sin embargo, hay que decirlo con claridad: Semarnat no puede ni debe hacerlo sola.
Por primera vez, la presentación de la NDC coincide con el inicio de una nueva administración federal. Esto es una oportunidad única para alinear este compromiso internacional con los programas nacionales que definirán la política pública climática en los próximos años. No aprovecharla sería perder tiempo valioso frente a la crisis ambiental y climática. Además de ello, la justicia climática debe ser el eje que oriente la nueva NDC. Esto significa reconocer que los impactos de la crisis no se distribuyen de manera uniforme: comunidades indígenas, rurales y urbanas marginadas son quienes enfrentan los mayores riesgos, pese a ser quienes menos contribuyen a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Incorporar sus voces en el diseño de políticas y garantizar que la transición energética y productiva no profundice desigualdades es una condición indispensable para que la acción climática sea justa y efectiva. Al mismo tiempo, la justicia climática implica responsabilidades comunes pero al mismo tiempo diferenciadas. Los sectores con mayor capacidad económica y tecnológica deben asumir una carga proporcionalmente más alta en la reducción de emisiones y en la financiación de medidas de adaptación y de pérdidas y daños. De lo contrario, la transición corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de exclusión y concentración de beneficios que alimentaron la crisis. Una NDC centrada en la justicia puede ser el puente entre los compromisos internacionales y la construcción de un país más equitativo y resiliente.
El reto es no solo que la NDC sea realista, sino que, además, no se quede en el papel. En la práctica debe implementarse de manera adecuada y puntualmente. De poco sirve que México suscriba compromisos ambiciosos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, si los sectores que más pesan en las emisiones del país —energía, agricultura, industria, transporte — no ajustan sus políticas, presupuestos y decisiones a los compromisos climáticos tanto nacionales como internacionales.
Sin esa coherencia, la NDC corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida, algo que ya ha sucedido en el pasado y que no nos podemos dar el lujo de repetir, pues implica consecuencias negativas sobre el medio ambiente, los recursos naturales, así como la salud y calidad de vida de las personas. La verdadera prueba estará en la transversalidad. Integrar la perspectiva climática en la planeación energética, en la política agropecuaria, en los incentivos industriales y hasta en la estrategia turística es la única forma de pasar de la intención a la acción. Asumir la NDC como un compromiso de Estado y no como un trámite ambiental es la única vía para enfrentar una crisis que ya no es solo climática: es una crisis de derechos humanos.
* Fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
** Gerente de Investigación y Política Pública del CEMDA.
