La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) es una agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de combatir el tráfico y distribución de drogas ilegales dentro y fuera del país. Fundada en 1973, su misión principal es aplicar las leyes antidrogas y reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas en el mercado nacional e internacional. Para ello, trabaja en estrecha colaboración con otras agencias gubernamentales, fuerzas del orden estatales y locales, así como con organizaciones internacionales dedicadas al control de estupefacientes.
La DEA tiene un papel clave a nivel global, ya que lidera la lucha contra los cárteles de drogas transnacionales y supervisa la cooperación internacional en investigaciones, operaciones de interdicción y capacitación de fuerzas del orden en otros países. Su capacidad para interceptar cargamentos ilegales, desmantelar redes de tráfico y prevenir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico es esencial para garantizar la seguridad pública, no solo en Estados Unidos, sino también en muchas naciones que enfrentan las consecuencias del comercio ilegal de drogas.
Sin embargo, la efectividad y transparencia de sus operaciones son vitales para mantener la confianza pública y la legitimidad de su labor. Un reciente informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto en evidencia serias fallas en las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) relacionadas con la interdicción de transporte. Estas actividades, que buscan combatir el tráfico de drogas en aeropuertos y estaciones de transporte público, han generado preocupación por prácticas irregulares, abusos y posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos.
El informe destaca que la DEA no está siguiendo sus propias reglas en los llamados "encuentros consensuados" o “revisiones”. Estas interacciones consisten en que los agentes de la DEA o sus grupos de trabajo se acerquen a las personas para pedir permiso de hablar o registrar sus pertenencias. Sin embargo, según el reporte encontraron:
- Falta de registros: La DEA no documenta adecuadamente estas revisiones, a pesar de que es una regla básica. Esto dificulta saber si están siendo efectivos o si hay discriminación en su implementación.
- Capacitación suspendida: Desde 2023, la DEA dejó de capacitar a su personal para estas actividades. Esto aumenta el riesgo de errores y abusos por parte de los agentes.
- Casos mal manejados: El informe menciona un incidente en el que un pasajero perdió su vuelo porque un agente retuvo su equipaje tras negarse a cooperar. Aunque no se encontró nada ilegal, el tiempo y recursos gastados fueron innecesarios.
Además, se descubrió que la DEA paga a ciertos empleados de aerolíneas para que informen sobre pasajeros que compran boletos de última hora, lo que genera dudas sobre la ética y legalidad de estas prácticas.
Por otro lado, una investigación de USA Today de 2016 descubrió que agentes de la DEA incautaron más de USD 209 millones a más de 5.200 viajeros en 15 aeropuertos importantes durante una década, y que la mayoría de los fondos se repartieron con la policía local.
Estos problemas no se deben tomar a la ligera, de no corregirse, podrían resultar en violaciones a los derechos humanos, un mal uso de los recursos públicos y operaciones ineficaces contra el narcotráfico.
Por ejemplo, al no documentar las revisiones, no hay forma de evaluar si estas prácticas están funcionando o si están afectando desproporcionadamente a ciertos grupos, siendo los usuarios de cannabis un grupo muy vulnerable. Por otro lado, la falta de capacitación podría llevar a errores graves que pongan en peligro investigaciones importantes.
Tras recibir el informe, el Fiscal General Adjunto tomó una medida drástica: suspendió todas las actividades de revisiones en instalaciones de transporte público, salvo en casos específicos relacionados con investigaciones en curso. Esta decisión busca frenar los errores mientras se implementan mejoras. Por lo tanto, no podrán realizar búsquedas aleatorias relacionadas con cannabis a viajeros en aeropuertos y otras instalaciones de transporte sin una orden judicial.
La posición de la DEA frente al cannabis ha generado controversia en los últimos meses, especialmente en el contexto del plan de la administración Biden para reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III bajo la Ley de Sustancias Controladas. A pesar de la recomendación favorable del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la DEA ha mostrado resistencia al cambio, lo que ha derivado en acusaciones de conflicto de interés e imparcialidad. Además, la agencia enfrenta señalamientos de comunicación ilícita con grupos opositores al cannabis, como Smart Approaches to Marijuana (SAM), intensificando el escrutinio sobre su papel en este debate clave.
El informe también incluye recomendaciones claras, como reiniciar la capacitación de los agentes, documentar cada revisión y establecer controles más estrictos para evitar abusos.
La lucha contra el narcotráfico es muy importante, pero no puede lograrse a costa de los derechos de las personas ni mediante prácticas poco éticas, considerando que la cannabis ya es legal en algunas regiones. La DEA tiene ahora la responsabilidad de demostrar que puede actuar de manera transparente y eficiente.
Este caso no solo pone en la mira a la DEA, sino que envía un mensaje a todas las agencias de seguridad: el respeto a la ley y a los ciudadanos es fundamental para mantener la confianza pública y garantizar el éxito en sus operaciones.
La suspensión de estas revisiones es un primer paso, pero queda mucho por hacer. Para que el combate al narcotráfico sea efectivo, las instituciones deben estar a la altura de los principios de justicia que defienden.