La reciente postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la regulación del cannabis en México ha detonado un debate que exige una mirada crítica y profunda. Sus declaraciones, que descartan la legalización al enfocarse en los efectos en la juventud y en el riesgo de un aumento del narcomenudeo, envían un mensaje claro y preocupante para quienes, desde la industria y la sociedad civil, hemos defendido una regulación inteligente y responsable.
Sheinbaum afirmó que la legalización del cannabis no es “un asunto trivial” y advirtió sobre su posible impacto en los jóvenes. Este argumento, aunque parte de una preocupación legítima por la salud pública, se apoya en premisas que la ciencia contemporánea ha cuestionado.
Es cierto que el cerebro humano continúa en desarrollo hasta alrededor de los 25 años, lo que lo hace más vulnerable a los efectos de sustancias psicoactivas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha documentado que el consumo temprano de cannabis puede asociarse con dificultades en la memoria, el aprendizaje y la salud mental. Precisamente por ello, desde la industria no promovemos una legalización sin control, sino un marco regulatorio estricto que contemple un límite de edad mínimo, sistemas de venta supervisados y productos controlados en potencia y calidad.
La prohibición, en cambio, deja a los jóvenes en manos del mercado negro: un espacio sin restricciones de edad, sin información veraz y sin consecuencias para quienes venden. Regular no es abrir la puerta indiscriminadamente, es poner candados donde hoy no existen.
La presidenta también aludió a la llamada “teoría de la puerta de entrada”, sugiriendo que la cannabis conduciría al consumo de otras drogas. Este argumento ha sido ampliamente refutado. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) reconoce que, si bien muchas personas que consumen drogas duras probaron antes marihuana, la mayoría de los usuarios de cannabis nunca progresa hacia sustancias más peligrosas. La correlación no es causalidad. Factores como el entorno social, la predisposición genética y la salud mental son determinantes mucho más relevantes. Incluso, el alcohol y el tabaco (socialmente aceptados) suelen anteceder al cannabis, lo que desmonta el mito de que la marihuana es la “puerta” principal.
La evidencia internacional es clara:
Un análisis publicado en JAMA Pediatrics con encuestas nacionales hasta 2021 encontró ausencia de incrementos en el consumo adolescente de cannabis, alcohol o tabaco tras la legalización recreativa en EE. UU.
La CDC confirma que el consumo de marihuana en secundaria disminuyó del 20.8% en 2009 al 15.8% en 2021, incluso cuando más estados avanzaron en legalización.
Los informes de Monitoring the Future (Universidad de Michigan/NIDA) muestran niveles juveniles históricamente bajos y sin repuntes atribuibles a las reformas.
Un metaanálisis con datos del NSDUH tampoco halló cambios significativos en uso mensual o intensivo entre jóvenes tras la legalización médica o recreativa.
En Canadá, el Canadian Cannabis Survey 2024 reporta estabilidad en el consumo juvenil (41% en jóvenes de 16–19 años en 2024, frente a 43–44% en 2019–2023), al tiempo que la mayoría ya adquiere en el mercado legal, debilitando al ilícito.
Otro metaanálisis reciente publicado en Neuropsychopharmacology Reports en 2024 demuestra que no existe una relación causal entre el consumo de cannabis y el uso de drogas más fuertes. Son factores sociales y económicos, no la planta, los que explican esas conductas, desmontando así el mito de la “puerta de entrada”.
Frente a esto, la preocupación presidencial por el narcomenudeo es entendible, pero equivocada en su solución. La experiencia internacional demuestra que la prohibición es la principal causa del mercado negro, no su antídoto. Al mantener todo en la clandestinidad, se entrega la producción y la venta a los grupos criminales, con las consecuencias de violencia y corrupción que México conoce demasiado bien.
Una regulación bien diseñada permite al Estado controlar la cadena de valor completa: cultivo, producción, distribución y venta. No solo genera ingresos fiscales que pueden destinarse a la salud pública y prevención, sino que también quita al crimen organizado una fuente clave de financiamiento.
La postura presidencial, más que ofrecer un camino hacia adelante, prolonga el estancamiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional la prohibición absoluta del cannabis para uso adulto, pero el poder legislativo ha pospuesto la discusión por años. La legalización no es una ocurrencia: es un mandato legal, una necesidad social y una oportunidad económica.
El mensaje de la nueva administración es de cautela extrema, pero esa cautela ignora la realidad de un mercado que ya existe, opera sin control y pone en riesgo a los jóvenes que dice querer proteger. Desde ANICANN, refutamos esta visión: la única vía para proteger a los menores, debilitar al narcotráfico y aprovechar el potencial económico y de salud pública del cannabis es la legalización responsable, con reglas claras y estrictas.
El debate en México no debe ser si se legaliza o no, sino cómo se legaliza de manera segura y beneficiosa para todos. La industria está lista para colaborar. Esperamos que el gobierno entrante esté dispuesto a escuchar, dejar atrás los prejuicios y construir, por fin, una política de cannabis digna del siglo XXI.
