El poder judicial en México ha sido históricamente una institución poco comprendida por la sociedad, pero su relevancia es innegable. La Corte y el poder judicial actúan como contrapesos fundamentales frente a posibles abusos del gobierno y son clave para la protección de los derechos ciudadanos. Sin embargo, la reciente propuesta de reforma judicial presentada por el gobierno actual ha generado un intenso debate sobre su posible impacto, no solo en la independencia del poder judicial, sino también en temas críticos como la legalización del cannabis.
La propuesta de reforma sugiere la elección popular de jueces, lo que socavaría la independencia judicial y podría eliminar el sistema de carrera judicial que garantiza la profesionalización y objetividad de quienes imparten justicia. Aunque el sistema judicial mexicano no está exento de problemas, esta reforma plantea un riesgo significativo: la politización de la Corte y la estructura del poder judicial. En lugar de fortalecer la imparcialidad y la independencia, esta medida podría llevar a que las decisiones judiciales respondan más a intereses políticos que a principios jurídicos.
El impacto potencial de esta reforma en la legalización del cannabis es preocupante. La Suprema Corte ha jugado un papel crucial en los avances hacia la despenalización y eventual legalización del cannabis en México, en algunos de sus usos. Ha sido esta institución la que, en diversas sentencias, ha declarado inconstitucionales varias disposiciones que prohibían el uso lúdico de la cannabis, abriendo la puerta a un marco legal más permisivo. Sin un poder judicial independiente, estos logros podrían verse revertidos o detenidos, ya que una Corte influenciada por intereses políticos podría estar menos dispuesta a desafiar políticas gubernamentales restrictivas.
La legalización del cannabis en México no es solo un tema de derechos individuales, sino también una cuestión de salud pública y desarrollo económico. La creación de un mercado regulado de cannabis tiene el potencial de generar ingresos significativos para el país, reducir la violencia relacionada con el narcotráfico y proporcionar tratamientos médicos alternativos a la población. Sin embargo, estos avances dependen en gran medida de un poder judicial que actúe con independencia y que esté dispuesto a proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a presiones políticas.
La dirección correcta para una reforma judicial que verdaderamente fortalezca la democracia y facilite avances en la legalización del cannabis pasa por garantizar la imparcialidad, la transparencia y la profesionalización de los jueces. En lugar de elegirlos por voto popular, es esencial mejorar los procesos de nombramiento, involucrando a actores relevantes tanto sociales como institucionales, y asegurando una rendición de cuentas efectiva. Solo así se podrá preservar la independencia del poder judicial y garantizar que decisiones cruciales para el futuro del país, como la legalización del cannabis, se tomen con base en principios jurídicos sólidos y no en intereses políticos de corto plazo.
En un contexto donde el gobierno actual muestra tendencias hegemónicas, los contrapesos institucionales son más importantes que nunca. La propuesta de reforma judicial podría no solo retrasar el progreso hacia la legalización del cannabis, sino también erosionar los fundamentos mismos de la democracia en México. Es crucial que la sociedad y las instituciones defiendan la independencia judicial, pues de ello depende no solo el futuro de la legalización del cannabis, sino también la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
