Recientemente se ha vuelto a poner en marcha la discusión sobre cannabis en el Senado de la República y nuevamente se evidencian las contradicciones entre el discurso y la voluntad política de quienes tienen la responsabilidad de generar las leyes que garanticen los derechos de las personas usuarias y la posibilidad de generar una industria benéfica para México. Pocos casos como el de la cannabis ilustran tan claramente las insuficiencias profesionales y la falta de independencia de nuestro Poder Legislativo frente a la agenda del Ejecutivo, donde la llamada "representación popular" ha fallado una y otra vez para cumplir con su deber de legislar para modificar el estatus legal de la planta de la cannabis y de sus usuarios.
Desde 2007, año en que la diputada Elsa Conde presentó tres iniciativas dirigidas a regular la cannabis en sus tres vertientes principales -como cáñamo, para uso personal y con fines medicinales–; se han sumado más de treinta a nivel federal (y algunas en los estados) pero solo dos han sido discutidas. La primera en 2017, de cannabis con fines médicos, cuya aprobación tuvo lugar debido a que fue una iniciativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto; y otra –rechazada a fines de la legislatura pasada– conocida como el "Dictamen Menchaca" (del entonces presidente de la Comisión de Justicia del Senado y ahora candidato a la gubernatura de su natal Hidalgo, Julio Menchaca).
Esto se debe a diversos factores, que a su vez responden a distintas lógicas políticas y coyunturales. Para que una propuesta de ley se haga realidad, es preciso seguir un camino tortuoso en lo formal pero, sobre todo, condicionado por el ámbito político y el poder en turno. En términos formales, es preciso contar con una propuesta legislativa que provenga de una fuerza política con peso en las Cámaras. Si esta corre la suerte de ser considerada para su discusión (lo que depende de su prioridad política) pasa entonces a "comisiones" específicas, mismas que se encargan de discutirla, revisarla, criticarla, defenderla, enmendarla y rechazarla o aceptarla; para que en caso de ser aprobada –en votación de los miembros de la comisión–, se le traslade al pleno ya como un dictamen sujeto a consideración de y votación de los legisladores de la cámara emisora.
En el caso de la regulación de la cannabis, sin embargo, tal proceso se complica aun más, dado que la regulación de la planta abarca dimensiones distintas, si bien complementarias –ya sea como un producto industrial, como agente medicinal o terapéutico o como producto de consumo humano–, e incluso como un tema de de seguridad. Para efectos prácticos, esto quiere decir que una iniciativa puede ser aprobada en una comisión, pero rechazada en otras, algo que ha supuesto motivos suficientes para perderse en el limbo legislativo.
Adicionalmente, hay que añadir que, al menos con respecto a la cannabis, el momento jurídico actual es relativamente inédito: con independencia de la voluntad o la convicción política de los partidos, estos tienen la obligación de trabajar en la regulación por el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2018 determinó que distintas disposiciones de las leyes actuales que se refieren a la planta son inconstitucionales, y que en consecuencia deben ser enmendadas para proteger los derechos de las personas usuarias de cannabis. El modo de abordar tal obligación, sin embargo, se ha visto limitado por intereses políticos inmediatos y, lamentablemente, no por una visión estratégica de futuro. Ni la coalición gobernante, que tiene mayoría, ni la oposición, han demostrado compromiso alguno con su obligación, dado que el asunto les resulta incómodo y la responsabilidad institucional de un poder de la nación es fácilmente desestimada o bloqueada según los vaivenes políticos de la coyuntura diaria.
El resultado de este embrollo ha sido, así, una inmovilidad cómoda para los legisladores, que además han comprobado que no existe costo alguno por incumplir con sus obligaciones jurídicas y constitucionales. Debido a ello, el país se ha quedado atrás en una industria que adquiere cada vez mayor relevancia en el mundo, y para la cual México cuenta con posibilidades y oportunidades que desaprovechamos sin motivo aparente.
Hace dos semanas parecía que la cámara de senadores había llegado a un nuevo dictamen regulatorio; sin embargo, la propuesta parecía diseñada para que fuera imposible transitarla política y legislativamente. En principio no solo reproducía errores ampliamente señalados de propuestas anteriores. Insistía, por ejemplo, en la creación de un instituto regulatorio nuevo para la planta, en un contexto en que tales organismos han sido explícitamente criticados y desfondados por las prioridades políticas del Poder Ejecutivo. Es decir, los legisladores insisten en proponer la creación de una nueva institución que tendría que emitir –sin recursos y bajo el mando exclusivo del Ejecutivo– una gran cantidad de reglamentos y propuestas de leyes secundarias para la implementación de una regulación general. Con ello pareciera que nuestros representantes populares están más preocupados por dar herramientas legales discrecionales al Ejecutivo en detrimento de los derechos de las personas que –al menos en teoría– representan.
En resumen, la cannabis y sus usuarios han sido víctimas de un sistema legislativo disfuncional, sumiso con un Poder y desdeñoso con otro; y al mismo tiempo sumamente alejado de un actuar que responda a los derechos y exigencias de una sociedad ávida y necesitada de modernización. Con ello, la sociedad mexicana se ve, una vez más, sujeta a los intereses políticos de las coyunturas y a los designios del Poder Ejecutivo, en detrimento no solo de la autoridad del máximo tribunal constitucional del país, sino de nosotros, la ciudadanía que lo compone.
No hay, en consecuencia, buenas perspectivas para una reforma del cannabis no solo largamente demandada por la sociedad civil, sino necesaria también para reactivar una
economía que, más que nunca, requiere de nuevas ideas y de un marco formal jurídico para atender un clamor que, desde hace al menos dos décadas, tiene lugar en nuestra población. Hace 500 años la cannabis llegó para quedarse, falta que el poder político lo reconozca y actúe en consecuencia para estar a la altura de nuestros tiempos.
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