En México, hablar de cannabis sigue generando opiniones encontradas. Entre quienes lo satanizan como la puerta de entrada a otros consumos y quienes lo idealizan como la panacea medicinal y económica, queda un espacio esencial: el de la ciencia. En ese terreno, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras universidades han comenzado a ocupar un papel determinante, aportando investigación seria que ilumina un debate que durante décadas estuvo atrapado entre prejuicios morales y cálculos políticos.
Las publicaciones más recientes de la UNAM muestran una postura compleja, crítica y, sobre todo, informada. No es una visión reduccionista ni complaciente: reconoce los beneficios médicos, identifica riesgos reales, cuestiona la política prohibicionista y explora las dimensiones culturales y sociales del consumo. En paralelo, observa el contraste internacional, particularmente con países como Canadá, que han transitado hacia modelos de regulación integral. El mensaje de la universidad más importante del país es contundente: México debe replantear su política de drogas desde un enfoque de derechos, salud pública y evidencia científica.
Uno de los campos donde la universidad más ha contribuido es el de los usos médicos del cannabis. Investigaciones recientes documentan su papel en cuidados paliativos en Guadalajara, donde pacientes con enfermedades crónicas o terminales encuentran alivio en los derivados de la planta. Los hallazgos no se limitan a confirmar su utilidad; también advierten la necesidad de diseñar protocolos claros para evitar interacciones adversas con otros fármacos.
En la literatura internacional, esta cautela no es menor. En Canadá, por ejemplo, estudios de cohortes longitudinales han analizado cómo el consumo de cannabis medicinal puede interactuar con medicamentos como la warfarina, aumentando el riesgo de complicaciones en pacientes mayores. Estos resultados coinciden con la postura en México: la evidencia avala el uso médico, pero no se puede ignorar la responsabilidad clínica ni la formación de los profesionales de la salud.
El debate sobre cannabis medicinal en México se ha centrado durante años en discursos emocionales: pacientes que encuentran alivio frente a legisladores que temen abrir una puerta al descontrol. La investigación universitaria permite escapar de esa trampa y ubicar la discusión en su lugar correcto: la ciencia.
Otro de los aportes recientes de la UNAM está en el campo jurídico. Un estudio autoetnográfico publicado en sus revistas contrasta la experiencia mexicana con la canadiense. Mientras en Canadá el cannabis recreativo es legal desde 2018 y su regulación ha permitido un mercado formal, en México seguimos atados a un modelo prohibicionista que criminaliza al consumidor y mantiene la producción en manos del mercado negro.
El contraste es doloroso. En Canadá, aunque persisten mercados ilícitos y desafíos para pequeños cultivadores, existe un marco de certidumbre legal que permite a los consumidores adquirir un producto regulado y a los emprendedores operar dentro de la ley. En México, en cambio, incluso con permisos judiciales de autoconsumo, los ciudadanos enfrentan un proceso burocrático plagado de obstáculos. La investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que las autorizaciones sanitarias para consumo personal siguen siendo lentas, poco claras y sujetas a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
Este análisis se complementa con la revisión crítica de conceptos históricos. La UNAM ha documentado cómo el Estado mexicano ha conceptualizado a los consumidores bajo etiquetas como toxicómanos o farmacodependientes, categorías que más que describir realidades médicas, han servido para justificar políticas de control social. El resultado: estigmatización, persecución y ausencia de atención integral.
El cannabis no es solo un tema de salud o economía, también lo es de cultura. Investigaciones de la universidad en Morelos han explorado cómo los estudiantes universitarios que consumen cannabis viven atrapados en una doble narrativa: la negativa y homogénea que predomina en el ámbito familiar y académico, y la más neutral o incluso positiva que circula entre amigos y parejas.
Este descubrimiento revela algo fundamental: el consumo de cannabis sigue marcado por el estigma. Los estudiantes se ven obligados a ocultar o mentir sobre sus hábitos frente a quienes los condenan, mientras que con otros interlocutores buscan desmentir mitos y prejuicios. En esta tensión cotidiana se juega parte del futuro del cannabis en México: una sociedad que aún arrastra décadas de estigmatización y que necesita urgentemente una educación pública basada en información, no en miedo.
En este terreno, el contraste internacional vuelve a ser ilustrativo. En países como Alemania o Israel, donde el cannabis medicinal está regulado, el estigma social es menor porque la política pública respalda el acceso y legitima la investigación. En Estados Unidos, aunque el mosaico legal varía de un estado a otro, el crecimiento de una industria formal ha permitido que hablar de cannabis sea, cada vez más, un tema de consumo responsable y no de criminalización.
Las universidades de México no estan solas en este camino. Universidades de prestigio internacional han abierto espacios de investigación que marcan la pauta para gobiernos y sociedades.
En el Imperial College de Londres, el profesor David Nutt cuestiona la política de drogas británica al demostrar, con datos, que el cannabis es menos dañino que el alcohol. En California, el Humboldt Institute for Interdisciplinary Marijuana Research estudia los impactos sociales, económicos y políticos del cannabis desde un enfoque multidisciplinario. En España, el ICEERS organiza foros que reúnen a médicos, pacientes y académicos, visibilizando el potencial terapéutico y la necesidad de regulación.
El patrón es claro: la academia internacional está tendiendo puentes entre ciencia y política. México, con sus universidades a la cabeza, debe seguir esa misma ruta.
El rezago mexicano frente a la regulación no es menor. Mientras países en América y Europa reconocen el fracaso de la prohibición, México sigue atrapado en una visión moralizante que no ha reducido el consumo ni debilitado al crimen organizado.
La UNAM ha puesto el dedo en la llaga: sin investigación seria, sin un marco legal claro y sin educación pública que combata el estigma, el país seguirá desperdiciando oportunidades. Oportunidades para atender pacientes, reducir el mercado negro y desarrollar una industria con enorme potencial agrícola e industrial.
En Canadá, la legalización permitió una industria regulada con estándares de responsabilidad social, aunque no exenta de retos. En Alemania, la apertura reciente busca incluir a pequeños productores. En Estados Unidos, los beneficios fiscales y de empleo son innegables. México no puede ignorar estas lecciones.
Las universidades mexicanas, encabezadas por la UNAM, coinciden en algo fundamental: el cannabis no puede seguir siendo tratado como tabú. Es una planta con aplicaciones médicas comprobadas, con riesgos que deben atenderse desde la salud pública y con un potencial económico que no podemos seguir cediendo al mercado ilegal.
El cannabis no es una batalla cultural ni un capricho generacional. Es un tema de salud, de derechos y de desarrollo nacional. El futuro ya nos alcanzó. Regularlo con inteligencia no es una opción: es una obligación.
