Cuenta la leyenda que en los años 70, en alguna ciudad de los Estados Unidos, un grupo de jóvenes usuarios de cannabis comenzó a reunirse para fumar marihuana después de sus clases, a las 4:20 de la tarde. El código comenzó a propagarse orgánicamente hasta que la banda de rock Grateful Dead lo masificó. De esta manera, lo que comenzó como una contraseña de complicidad entre usuarios se convirtió, con el tiempo, en una señal inequívoca para muchos otros usuarios alrededor del mundo. A partir de entonces, no solo la hora, también la fecha: 20 de abril (mes 4, día 20), se convirtió en una marca en el calendario generada por y para el mundo moderno de la cannabis.
Tal vez usted, amable lector, se haya enterado que en nuestro país, en estos días, se realizan numerosos encuentros, festejos, conversatorios y manifestaciones públicas de personas usuarias de cannabis para reclamar la largamente esperada -y pospuesta- regulación de la planta. Todo ello es parte de esta conmemoración mundial del regreso irreversible de esta planta a diversos ámbitos de la economía, sobre todo en aquellas jurisdicciones donde la comunidad cannábica ha impulsado cambios a fuerza de presencia pública y de demostrar, con hechos, la utilidad de esta especie milenaria.
En efecto. Durante la pasada década hemos sido testigos de cómo, en distintas naciones, la rebelión popular contra la prohibición de la planta ha obligado a políticos y gobiernos a examinar de qué modo la planta puede dejar las sombras y los márgenes de la sociedad, para ocupar un lugar formal dentro de la cultura, la economía y la idiosincrasia de cada vez más poblaciones.
México no es, o no debería ser, la excepción. Sin embargo, a más de tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que los usuarios adultos de la planta tienen derecho a ella, y que la prohibición absoluta de la misma es inconstitucional en nuestro país, lo cierto es que nuestro gobierno y nuestros representantes populares, sin importar su filiación partidista, han sido omisos con respecto a su obligación constitucional de cambiar las leyes para, en primer lugar, respetar los derechos de los adultos que deciden usar cannabis y, en segundo lugar, para dar certeza jurídica a una industria con inmenso potencial no solo para el cannabis psicoactivo, sino también para el que tiene fines medicinales o industriales.
¿Por qué, entonces, si los mitos negativos sobre la planta han sido desmentidos uno a uno por la ciencia –y empíricamente durante siglos–, no podemos deshacernos de una prohibición que ha empoderado a grupos y mercados criminales, que criminaliza a personas por el solo hecho de tomar decisiones que no afectan a terceros, y que desperdicia recursos en perseguir a los más vulnerables sin afectar los poderosos intereses del narcotráfico?
La respuesta no es sencilla pero tampoco demasiado complicada. Por un lado, la sociedad mexicana se encuentra aún poco y mal informada sobre la planta misma; décadas de estigma y prejuicio siguen vigentes. Nuestros políticos, mientras tanto, han hecho muy poco por desprenderse de convicciones anacrónicas y por entender que la sociedad misma ha comenzado un cambio que ya no es posible detener.
Tal vez sería mejor considerar el asunto desde otra perspectiva. ¿Qué gobierno o fuerza política aprovechará la oportunidad única que le brinda en este momento la legalización de la cannabis? Dar ese paso significaría demostrar que se puede equilibrar el desarrollo económico, debilitar a los mercados ilegales, impulsar una industria con gran potencial para generar riqueza además de ser medioambientalmente sustentable; respetar los derechos de las personas usuarias y las no usuarias, y contar con nuevas opciones terapéuticas seguras, eficaces y asequibles para miles de personas.
Mientras nuestros representantes populares y gobernantes no se den cuenta de ello, lamentablemente, muchas personas pacíficas, responsables y trabajadoras deberán seguir usando claves secretas para referirse a algo que, queramos o no, sucede sin mayor problema desde tiempo inmemorial: aprovechar una planta que, siendo una maravilla de la Naturaleza, aguarda en las sombras para demostrar todo su potencial y beneficiar a toda la sociedad, la usemos o no.
Tal vez usted, amable lector, se haya enterado que en nuestro país, en estos días, se realizan numerosos encuentros, festejos, conversatorios y manifestaciones públicas de personas usuarias de cannabis para reclamar la largamente esperada -y pospuesta- regulación de la planta. Todo ello es parte de esta conmemoración mundial del regreso irreversible de esta planta a diversos ámbitos de la economía, sobre todo en aquellas jurisdicciones donde la comunidad cannábica ha impulsado cambios a fuerza de presencia pública y de demostrar, con hechos, la utilidad de esta especie milenaria.
En efecto. Durante la pasada década hemos sido testigos de cómo, en distintas naciones, la rebelión popular contra la prohibición de la planta ha obligado a políticos y gobiernos a examinar de qué modo la planta puede dejar las sombras y los márgenes de la sociedad, para ocupar un lugar formal dentro de la cultura, la economía y la idiosincrasia de cada vez más poblaciones.
México no es, o no debería ser, la excepción. Sin embargo, a más de tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que los usuarios adultos de la planta tienen derecho a ella, y que la prohibición absoluta de la misma es inconstitucional en nuestro país, lo cierto es que nuestro gobierno y nuestros representantes populares, sin importar su filiación partidista, han sido omisos con respecto a su obligación constitucional de cambiar las leyes para, en primer lugar, respetar los derechos de los adultos que deciden usar cannabis y, en segundo lugar, para dar certeza jurídica a una industria con inmenso potencial no solo para el cannabis psicoactivo, sino también para el que tiene fines medicinales o industriales.
¿Por qué, entonces, si los mitos negativos sobre la planta han sido desmentidos uno a uno por la ciencia –y empíricamente durante siglos–, no podemos deshacernos de una prohibición que ha empoderado a grupos y mercados criminales, que criminaliza a personas por el solo hecho de tomar decisiones que no afectan a terceros, y que desperdicia recursos en perseguir a los más vulnerables sin afectar los poderosos intereses del narcotráfico?
La respuesta no es sencilla pero tampoco demasiado complicada. Por un lado, la sociedad mexicana se encuentra aún poco y mal informada sobre la planta misma; décadas de estigma y prejuicio siguen vigentes. Nuestros políticos, mientras tanto, han hecho muy poco por desprenderse de convicciones anacrónicas y por entender que la sociedad misma ha comenzado un cambio que ya no es posible detener.
Tal vez sería mejor considerar el asunto desde otra perspectiva. ¿Qué gobierno o fuerza política aprovechará la oportunidad única que le brinda en este momento la legalización de la cannabis? Dar ese paso significaría demostrar que se puede equilibrar el desarrollo económico, debilitar a los mercados ilegales, impulsar una industria con gran potencial para generar riqueza además de ser medioambientalmente sustentable; respetar los derechos de las personas usuarias y las no usuarias, y contar con nuevas opciones terapéuticas seguras, eficaces y asequibles para miles de personas.
Mientras nuestros representantes populares y gobernantes no se den cuenta de ello, lamentablemente, muchas personas pacíficas, responsables y trabajadoras deberán seguir usando claves secretas para referirse a algo que, queramos o no, sucede sin mayor problema desde tiempo inmemorial: aprovechar una planta que, siendo una maravilla de la Naturaleza, aguarda en las sombras para demostrar todo su potencial y beneficiar a toda la sociedad, la usemos o no.
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