En octubre pasado, la comisión presidencial convocó a una pretendida “auscultación ciudadana” para hablar sobre la reforma electoral que impulsa el oficialismo. Según se anunció, sus conclusiones se presentarían en enero a la presidenta Claudia Sheinbaum, con miras a enviar la iniciativa al Congreso mismo mes. Pero nada de eso ocurrió. Los foros fueron poco más que una pantomima y, desde entonces, el gobierno ha preferido discutir la reforma en “lo oscurito”, mediante reuniones privadas.
Se trata de una discusión que, por su relevancia para la democracia y estabilidad política del país, debería ser pública, abierta y plural. Pero el gobierno ha rechazado esa vía y ha preferido conducirse con opacidad y sin la participación — vaya, ni siquiera la presencia— de las demás fuerzas políticas del Congreso. El (todavía) presidente de la comisión presidencial, lo dejó muy claro: no hay intención alguna de construir acuerdos. La “transformación” de las reglas electorales sería impuesta, no negociada.
La presidenta dice que, mientras no presente formalmente la iniciativa, todo son meras especulaciones. Pero eso tampoco es cierto. Desde 2022 existen claros indicios sobre lo que el gobierno busca modificar, pero no ha logrado concretar. Recordar esos intentos fallidos ayuda a entender no sólo el posible contenido de la reforma en gestación, sino también las razones de su reiterado tropiezo.
La historia comienza con la fallida reforma constitucional —el “Plan A”— presentada por López Obrador en abril de 2022 con el argumento de “abaratar la democracia” (sic). Aquella propuesta pretendía extinguir los organismos públicos locales (OPLEs) y tribunales locales. Pero también desaparecer al INE y sustituirlo por un nuevo órgano electo por voto popular. Además, planteaba reducir el tamaño del Congreso, eliminar los plurinominales y cancelar el financiamiento público ordinario a los partidos. El Congreso rechazó la reforma a finales de ese año.
Tras ese fracaso, en diciembre de 2022 se aprobó en fast track el “Plan B”: un paquete de reformas legales promovidas por Morena. Estas medidas debilitaban la capacidad operativa del INE, devolvían a la Secretaría de Gobernación el control del padrón de mexicanos en el extranjero y abrían la puerta a la intervención de funcionarios en los procesos electorales. La Suprema Corte declaró inconstitucional dicha reforma por graves violaciones al procedimiento legislativo. Esta resolución, vale recordarlo, fue uno de los detonantes del llamado “Plan C”: la reforma judicial que introdujo la elección popular de las personas juzgadoras a lo largo y ancho del país.
Pocos recuerdan que en la propuesta original también se incluía elegir por voto popular al Consejo General del INE. Esta idea no ha sido descartada. En octubre pasado un representante de Morena lo señaló públicamente en la UNAM.
Los comicios judiciales recientes ofrecen una pista del por qué. Por primera vez en la historia democrática contemporánea, México vivió un proceso electoral en el que se incumplieron sistemáticamente las condiciones mínimas de una elección libre, igualitaria y competitiva. La participación fue una de las más bajas desde la transición democrática.
El proceso, además, fue profundamente inequitativo. No hubo debates ni acceso efectivo a medios; la cobertura mediática sesgada; se prohibió el financiamiento sin crear condiciones reales de igualdad; y las desigualdades sociales se trasladaron al terreno electoral. El diseño territorial vulneró el principio de igualdad del voto, pues otorgó mayor peso electoral a unas personas que a otras. La masividad de los cargos y las irregularidades —como la de la operación acordeón— impidieron un voto informado.
A ello se sumaron intervenciones indebidas del gobierno, actos anticipados de campaña, propaganda ilegal y una preocupante tolerancia institucional, avalada por árbitros electorales parcializados. Finalmente, el propio del sistema concentró el poder de nominación en el oficialismo y redujo al electorado a una función meramente decorativa: ratificar candidaturas previamente controladas. El resultado está a la vista: una Corte Suprema integrada por perfiles afines al gobierno y debilitada en su función de contrapeso.
Este recorrido muestra que la reforma electoral de 2026 no surge del diálogo ni de la deliberación democrática, sino de una larga cadena de intentos fallidos y ajustes estratégicos. Entender ese proceso es indispensable si queremos evitar que se repita.
Por eso, con el propósito de abrir un espacio plural, descentralizado e interinstitucional de reflexión pública, junto a la ENID-IIJUNAM, el ITESO Guadalajara y el ITAM, hemos organizado un Seminario sobre los riesgos y las posibles mejoras a las reglas del juego democrático. La discusión no puede seguir ocurriendo en privado. Te esperamos.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego, California. X: @gpe_salmoran