Desde 2022 está sobre la mesa una propuesta que, de concretarse, transformaría radicalmente el sistema electoral mexicano: desaparecer el INE y a los OPLEs para sustituirlos por una nueva autoridad electoral que absorbería todas sus competencias. La apuesta no es sólo centralizar aún más la función electoral en un órgano electoral ya de por sí saturado de múltiples funciones. Con el pretexto del ahorro, también se ha planteado modificar la integración y el sistema de nombramiento del Consejo General del INE, incluso adoptando el voto popular. La pregunta es inevitable: ¿quién organizaría la elección del árbitro electoral? ¿los jueces del acordeón?
Con independencia de que esa idea sea desechada, es previsible que el gobierno no deje intacta la integración del órgano superior de dirección del INE. Ya no sólo por voluntad política, sino porque el sistema de nombramientos vigente ha mostrado signos claros de desgaste.
Como en la mayoría de los países de América Latina, la designación del órgano administrativo electoral en México es una responsabilidad compartida entre poderes. Desde 1996, las consejerías del INE son electas por la Cámara de Diputados mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes: una mayoría calificada pensada para obligar a la construcción de acuerdos amplios y evitar capturas partidistas.
La reforma de 2014 —que lo transformó en una autoridad nacional y amplió su Consejo General de nueve a once integrantes— añadió un filtro técnico: la conformación de un comité técnico encargado de revisar requisitos valora trayectorias y proponer a la Cámara de Diputados quintetas por cada vacante. Si la Cámara no logra la mayoría requerida o incumple los plazos, la constitución prevé una “válvula de escape”: que el Pleno de la Suprema Corte realice la designación por insaculación pública, a partir de las listas previamente integradas.
Durante casi una década, esta cláusula fue una posibilidad remota. Hasta marzo de 2023. Por primera vez en la historia constitucional reciente, ante la incapacidad de la Cámara de Diputados para construir consensos, fueron elegidas por insaculación pública la presidenta del Consejo General INE, Guadalupe Taddei Zavala, y cuatro consejerías más, con los nombramientos de Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza.
La activación de este mecanismo evidenció dos problemas de fondo. Primero, la creciente dificultad para alcanzar acuerdos transversales en un contexto de polarización y mayorías dominantes. Segundo, la sustitución de la deliberación democrática por una lógica aleatoria en el nombramiento de cargos que exigen una responsabilidad política mayúscula.
Desde entonces el equilibrio de poder interno del INE ha cambiado. El oficialismo cuenta hoy con perfiles que le resultan cercanos y, en el corto plazo, podrá nombrar a tres vacantes más, tras la salida de Claudia Zavala, Diana Ravel y Jaime Rivera. El margen de influencia política tenderá a ampliarse gracias a mayorías legislativas artificiales.
Con la Sala Superior del TEPJF ha ocurrido algo distinto en la forma, pero similar en el resultado. Mientras que el INE ha sido objeto de cuestionamientos y presiones institucionales, la Sala Superior ha recibido un trato privilegiado. Fue la única instancia jurisdiccional del PJF que no fue renovada en las elecciones judiciales de 2025 y, además, las magistraturas en funciones fueron beneficiadas con la prórroga de sus mandatos hasta 2027, más allá del periodo constitucional previsto. La docilidad y subordinación política de sus integrantes, especialmente la de Felipe de la Mata, con el gobierno es manifiesta.
En el caso del INE, el sistema de nombramientos vigente puede favorecer mayorías internas en el Consejo General favorables para el oficialismo, como ya ha acontecido con el Tribunal Electoral, pero gracias a la continuidad de las magistraturas en funciones, esto es, debido a la prolongación excepcional de sus encargos. Se trata de mecanismos distintos, pero que producen efectos convergentes: la erosión de la autonomía efectiva de los árbitros electorales, el administrativo y el jurisdiccional.
El sistema de nombramientos del INE necesita ajustes. La reciente incapacidad para construir consensos amplios erosiona su legitimidad y activas salidas excepcionales que no deberían normalizarse. Pero la solución no puede consistir en sustituir un modelo imperfecto por otro que facilite la captura del árbitro por parte del gobierno.
De esto habría conversado en la Segunda Jornada del Seminario Reforma Electoral hoy en ITESO Guadalajara. Las circunstancias de violencia que atraviesa el país nos obligaron a posponer el encuentro. La discusión de las reglas del juego democrático en un contexto de inseguridad y tensión social exige, más que nunca, responsabilidad y mesura. Mi solidaridad con quienes se han visto afectados por los hechos recientes.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran