El proceso de renovación de tres consejerías del INE continúa, como también avanza la posible colonización del órgano electoral con perfiles afines al gobierno.
Como comentaba en una nota anterior, la integración del Comité técnico evaluador presenta una impronta predominantemente política y su actuación puede anular la lógica técnica que debería regir la evaluación de los perfiles.
No olvidemos que, en esta ocasión, ha sido la propia Jucopo la que ha pre-fijado, de antemano, las ponderaciones y criterios que, según la convocatoria, el Comité debía proponer, con lo cual una de las tareas más significativas de este órgano —definir una metodología a partir de criterios y razones públicas para integrar cada una de las tres quintetas— quedó, en los hechos, desplazada por la predeterminación de la Jucopo.
A ello se suma un déficit de transparencia. El examen de conocimientos, que debería ser uno de los filtros más objetivos, tampoco está exento de controversia. No se conoce con claridad de qué forma se incorporaron —si se incorporaron efectivamente— la participación de “instituciones académicas u organismos técnicos” en la formulación del examen, como señala la convocatoria.
Además, han surgido resultados atípicos que difícilmente pueden explicarse sin generar sospechosísmo. El caso de Arturo Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, sin experiencia electoral alguna, y quien ha sido asesor jurídico de la presidenta Claudia Sheinbaum, resulta particularmente llamativo: obtuvo 99 aciertos de 100 —una de las calificaciones más altas— en un examen que, según múltiples testimonios, combinaba preguntas muy sencillas con otras altamente especializadas en temas fiscalización e, incluso, con un sesgo jurisdiccional muy alto.
Asimismo, avanzaron a la siguiente fase perfiles cercanos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con puntajes por encima de la media. Entre ellos se encuentran Pedro Rafael Constantino Echeverría (79), coordinador de asuntos jurídicos en la Unidad de Fiscalización; Juan Manuel Vázquez Bajaras (88), encargado de la Dirección Jurídica del INE; y Flavio Cienfuegos (86), exjefe de la oficina de la Consejera Presidenta y propuesto previamente para la Secretaría Ejecutiva del Instituto sin lograr el respaldo del Consejo General.
Otro foco de preocupación son las acciones afirmativas. Su incorporación deriva de una sentencia del Tribunal Electoral, pero su implementación carece de un marco normativo claro. De acuerdo con ese criterio, cada quinteta debe incluir al menos una persona en situación de vulnerabilidad. En este proceso, bastó el envío de un correo electrónico para autoadscribirse a categorías como diversidad sexual y de género, población afromexicana, indígena, migrante, personas con discapacidad o adultas mayores.
Bajo este esquema, 21 aspirantes se autodescribieron como parte de alguno de estos grupos. La ausencia de reglas diferenciadas de verificación —proporcionales y respetuosas según cada categoría— abre la puerta a la simulación y a la instrumentalización política de una herramienta que debería servir para corregir desigualdades estructurales.
El caso de Ernesto Ramos Mega, consejero electoral de la Ciudad de México, ilustra con claridad este problema. Por un lado, obtuvo un puntaje casi perfecto en el examen, con apenas dos errores de cien reactivos. Por otro, se autoadscribió como migrante, a pesar de que su trayectoria académica y profesional ha transcurrido íntegramente en México. Sustantivamente, su perfil no refleja una experiencia asociada a la migración en los términos que las acciones afirmativas buscan proteger.
Lo que sigue es la valoración de la idoneidad, la cual tampoco está exenta de valoraciones subjetivas y será juzgada con estas proporciones: 40% hoja de vida, 30% exposición de motivos y 30% ensayo. Tras la fase de entrevistas, el Comité Técnico Evaluador deberá integrar tres quintetas de aspirantes. Si la Cámara de Diputados no alcanza la mayoría calificada para designar a las nuevas consejerías, se recurrirá a la insaculación, como ocurrió en 2023. Este mecanismo, concebido como una “válvula de escape” ante el bloqueo político, puede terminar debilitando aún más los criterios de idoneidad si las listas de origen ya están marcadas por cuestionamientos.
En suma, el proceso actual combina varios elementos preocupantes: intervención política en los criterios, opacidad en la evaluación, resultados atípicos en los exámenes, debilidad normativa en acciones afirmativas y la posibilidad de una definición final por sorteo.
La fortaleza del Instituto ha descansado, históricamente, en su capacidad para generar confianza más allá de las coyunturas políticas. Pero la confianza no se sostiene en el diseño formal, sino en la credibilidad de los procesos.
Si la renovación del Consejo General se percibe como dirigida, opaca o instrumentalizada se erosiona su autoridad para arbitrar con credibilidad los procesos democráticos.
Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran