En México, bajo la legislación actual, es posible que a usted o a cualquier persona la puedan detener y revisar de manera arbitraria por su color de piel, su acento o su aspecto, si las autoridades consideran que “no parece mexicana”. Al amparo de la Ley Migratoria se han realizado detenciones discrecionales y claramente discriminatorias, incluso cuando se trata de ciudadanos mexicanos que, según la autoridad, “no se ven o no hablan como mexicanos”.
Esta situación se agrava más con la Ley de la Guardia Nacional , expedida en mayo de 2019, que le otorga a este cuerpo facultades en materia de migración, a pesar de que fue concebida como una autoridad encargada de la seguridad pública y la persecución de delitos, y no como autoridad migratoria. Si los propios agentes de migración, que tienen años de experiencia en el terreno, realizan inspecciones y detenciones discriminatorias y arbitrarias, ¿cómo podemos esperar que la Guardia Nacional, que no cuenta con la preparación, experiencia y capacitación necesaria en esta delicada tarea, pueda cumplir con esta función sin discriminar?
Por eso, como titular del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC ( IMUMI ) promoví un amparo desde julio del año pasado para impugnar los artículos de la Ley de la Guardia Nacional que le conceden atribuciones en materia migratoria. Después de que este recurso se juzgó improcedente en primera instancia, mantuvimos la lucha y logramos escalar el caso al Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual está programado para su análisis y discusión el 20 de febrero.
Con esta resolución, nuestros juzgadores tendrán en sus manos la decisión de combatir leyes claramente discriminatorias y que agravan estereotipos de que los migrantes son peligrosos y delincuentes. En sus manos estará la oportunidad de poner un alto a leyes que estigmatizan a una persona o a un grupo de personas al identificarlas únicamente por cómo se ven o hablan, cuáles son sus expresiones o acentos, cómo se visten o cuál es raza. Con la resolución de los jueces podremos avanzar en el sentido correcto de darle a México leyes que respeten los derechos humanos de todas y todos, mexicanos y migrantes, de acuerdo con la reforma constitucional de 2011.
Y no sólo eso. También con esta resolución se abre la gran oportunidad de dejar de usar a la Guardia Nacional para detener a mujeres y niños migrantes y hacer que sus elementos se enfoquen en lo que el presidente Lopez Obrador prometió y la sociedad exige: cuidar y proteger a los mexicanos y a todos. Es hora de que el gobierno se concentre en las verdaderas amenazas a la seguridad ciudadana, y deje de ver a la migración como una de ellas. México es un gran país, y los grandes países tienen políticas migratorias humanas y justas.
Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC.
