Según la Secretaría de Gobernación, de 2019 a 2024, las mujeres representaron el 30% de la población migrante irregular, lo que muestra un incremento significativo respecto al 22% registrado entre 2012 y 2018. Los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados nos revelan que, durante 2024, las mujeres constituyeron el 45% de las nuevas solicitudes de asilo en México, lo que contrasta con el 30% registrado en 2013. Este cambio resalta cómo, cada vez más, las mujeres se ven obligadas a recurrir al asilo para garantizar su seguridad y protección.
Un informe de ACNUR y HIAS reveló que el 35% de las mujeres en movilidad humana encuestadas en Centroamérica y México declararon sentirse muy inseguras o inseguras ante el riesgo de sufrir violencia de género al llegar a México. Desde el IMUMI, las mujeres reportan casos de violencia familiar, comunitaria, extorsión y violencia sexual. Todo esto se exacerba por el contexto de contención y militarización de la movilidad humana.
Cuando leemos información sobre la violencia que viven las mujeres migrantes en países de origen, tránsito y destino, más allá de la reacción de preocupación, debemos pensar ¿por qué los gobiernos permiten que esta violencia continúe? Las soluciones pasan por mayores vías regulares de migración y garantizar el acceso a la justicia. Los gobiernos deben asumir su responsabilidad de proteger a las migrantes con medidas de integración social y económica que ofrezcan seguridad real.
Directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
