Mañana llega a nuestro país la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris para dialogar sobre migración, desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia y seguridad. Los acuerdos que se realicen definirán la agenda migratoria en la región, que desde hace décadas ha estado marcada por la contención y criminalización con altos costos humanitarios para las personas migrantes y solicitantes de asilo.
La perspectiva de la administración Biden-Harris ofrece una oportunidad de desarrollar estrategias para regularizar a las personas que se han quedado fuera de una región que ya está integrada. Por ejemplo, desde 1994 existe un acuerdo de cooperación, entre otras cosas, comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (Tratado de Libre Comercio, TLC -hoy T-MEC) y desde 2004 con Centroamérica (United States-Central America Free Trade Agreement, US-CAFTA). Mientras que las remesas son parte importante de las economías de los países, en Guatemala, El Salvador y Honduras representan entre el 15 y 23% de su Producto Interno Bruto y en México entre el 3 y 4%. En el ámbito migratorio, hay más de 11 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en Estados Unidos y más de un millón de estadounidenses viviendo en México.
Los retos que la región enfrenta en torno a la migración no son fáciles. Son muchos temas que se entrelazan: la violencia, la corrupción, el cambio climático, la violencia en razón de género, la precarización de la vida, sistemas de protección internacional débiles e instituciones migratorias y de asilo poco efectivas. Pero seguir criminalizando a las personas que buscan protección las orilla a recurrir a rutas más sórdidas, fortaleciendo las arcas de los traficantes. Se necesitan respuestas coordinadas que se centren en acciones que brinden la libertad de decidir migrar o no.
La sociedad civil de la región ha documentado los costos humanos de las políticas de detención y deportación. Durante décadas han llevado a cabo acciones jurídicas, de incidencia, dialogado con los sistemas de Naciones Unidas y de Estados Americanos, y participado en la construcción de instrumentos internacionales, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, llamando a los Estados a trabajar en conjunto y a bridar respuestas humanitarias. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha trazado las rutas de desarrollo para la región al mediando plazo. Los caminos para desarrollar formas regulares de movilidad y acceso a protección son claros.
Para Estados Unidos significa regularizar a 11 millones de personas que llevan años contribuyendo a la sociedad, economía y cultura del país, fortalecer su sistema de asilo, eliminar las expulsiones bajo Título 42 y desarrollar un sistema de visas familiares y de trabajo más accesibles para las familias transnacionales en la región. Para México, abrir el país a la migración regular de Centroamérica, facilitar el acceso a visas de trabajo y familiares desde los consulados mexicanos, como lo estipula la Ley de Migración, y fortalecer su sistema de protección a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que probablemente recibirá más de 80 mil solicitudes de asilo en 2021. Para Centroamérica, México y Estados Unidos es reconocer las políticas de intervención, exclusión, extracción de recursos y discriminación contra las personas indígenas y afrodescendientes, que conjuntamente representan la raíz de las situaciones de inequidad en nuestra región.
Si los gobiernos siguen insistiendo en la contención como respuesta, sus acciones estarán destinadas al fracaso, y el costo será la vida de miles de personas que diariamente salen de sus países, paradójicamente, para salvar su vida y las de sus familias.
