Hoy, todo parece indicar que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, comparecerá ante la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores, si no cancela como lo ha hecho en ocasiones anteriores. ¿Qué significado tiene que el Comisionado Garduño comparezca? Primero es un ejercicio democrático de rendición de cuentas, y segundo, frente al contexto que nos encontramos, es un ejercicio que nos permitirá debatir las consecuencias de la política migratoria mexicana implementada, más allá de los discursos oficiales.
La comparecencia del Comisionado significa la oportunidad para cuestionarle el uso de la fuerza por parte de los agentes de migración, la detención de la niñez y la adolescencia migrante en estaciones migratorios pese a su prohibición conforme a la Ley de Migración, la complicidad en las expulsiones en cadena bajo Título 42 de familias con necesidades de protección internacional, la deportación de población con documentos de estancia por razones humanitarias o constancias de trámites de asilo, o la detención de población migrante -en 2021 se registró un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, 307 mil 679, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
El Senado podría preguntar al Comisionado sobre la intensificación de los rechazos en aeropuertos mexicanos. En 2021 el INM negó la entrada a 72 mil 441 personas, incluyendo a más de 14 mil provenientes de Venezuela y otros países de donde salen huyendo personas con necesidades de protección internacional, negándoles ilegalmente la oportunidad de presentar sus solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) poniéndolas en aislamiento por días y hasta semanas. Así fueron las experiencias de una familia afgana huyendo de los talibanes que fue rechazada a Turquía, antes de ser admitida tras diversas gestiones de organizaciones y de la Secretaría de Relaciones Exteriores; o el del padre de una niña guatemalteca de 9 años que perdió la vida en la estación migratoria de la Ciudad de México en 2019 al no recibir atención médica tras caer de una litera. Al llegar al aeropuerto de la capital para seguir con el proceso legal ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los agentes de migración del aeropuerto intentaron rechazarlo.
Es importante conocer las acciones que ha tomado el Comisionado para pedir investigaciones penales de algunos de sus agentes migratorios en la frontera norte que están implicados en extorsiones, secuestros y otros actos violentos contra la población retornada a México bajo el Protocolo “Quédate en México” y Título 42, programas en los cuales el gobierno mexicano participa activamente. También es de interés de las personas representadas por el Senado saber por qué pese a comprometerse en una disculpa pública, en noviembre de 2019, de no repetir detenciones migratorias en carretera a partir de perfilamientos raciales , estos continúan, o por qué agentes de migración envueltos en torturas o actos de corrupción solo reciben sanciones de un par de días fuera de su trabajo o simplemente son cambiados de sede.
Las y los senadores tienen una responsabilidad de monitorear la aplicación de la legislación nacional, la protección de los derechos, y exigir la rendición de cuentas para las personas que representan (las y los ciudadanos). Si el comisionado Francisco Garduño vuelve a cancelar la comparecencia, como ha sucedido en las últimas ocasiones que se le ha llamado desde el poder legislativo, quedará confirmada la impunidad de la que goza el INM y la poca importancia que le da a la rendición de cuentas como mecanismo fundamental de la democracia en México.
