La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el 8 de septiembre el denominado paquete económico 2021. En los días siguientes, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados discutirán, según sus competencias, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de la Federación. Estos documentos contienen los medios que utiliza el gobierno para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Tan sólo por eso tienen una notable relevancia, a lo que se agrega la circunstancia en que se presentan para su discusión, aprobación y posterior ejecución, cuando la nación atraviesa por una crisis económica y de salud sin referentes equivalentes por lo menos desde los años treinta del siglo pasado. Además, normará la acción en un año crucial para definir el desempeño en lo que resta de la actual administración federal. La discusión en el Congreso de la Unión debe considerar este contexto para generar resultados a la altura de las necesidades de la república.
En los Criterios Generales de Política Económica para 2021 (CGPE-21), el gobierno reconoce la excepcional situación que se enfrenta en el campo de la salud y, relacionado con ello, en la economía. Destaca que el Covid-19 está representando costos significativos para la economía mexicana, la cual enfrenta el reto más complejo desde la Gran Depresión en materia de protección del bienestar social e impulso a la actividad económica agregada. En ese contexto deben valorarse las propuestas sobre el curso de la inversión pública, el uso de los instrumentos del crédito en moneda nacional por el gobierno, las condiciones de operación de la banca de desarrollo y las modalidades de su participación en el sistema financiero del país y la tesis de mantener el equilibrio fiscal como condición del manejo de las finanzas públicas.
En 2021 se proyecta que el gasto programable del sector público aumente en términos reales con relación al gasto aprobado para 2020 en 1.3%. Sin embargo, si se considera la estimación del gasto programable ejercido en 2020, lo proyectado para el año próximo una vez deducida la inflación es ligeramente menor, una baja de aproximadamente 1%.
Si se agrega el tamaño de la inversión a llevar adelante por el sector público las cifras no son indicadoras de una señal para dinamizar la economía. Es en ese contexto que se estima para 2021 un aumento del producto interno bruto en un rango que va de 3.6% a 5.6%. La recuperación de la economía en el país y su alcance queda sujeto al desempeño de actores y variables relativamente externos.
Se establece que los precios internacionales del petróleo aumentarán un poco para el año próximo. También se considera que no existirán movimientos drásticos en el tipo de cambio, manteniéndose la tasa de interés de referencia y las tasas más representativas de Cetes en los niveles que tienen a la fecha. Igualmente, se observa que las exportaciones manufactureras lograrán mantener la recuperación que tienen desde julio del año actual, y más en general que el incremento en los índices de valor regional introducidos en el T-MEC son un incentivo para localizar inversiones en el país con productos que tienen por destino Estados Unidos.
Incluso, se introduce el mantenimiento e incremento en las disputas comerciales entre Estados Unidos y China como otro dato favorable para el incremento del comercio de México con el país vecino.
Son un conjunto de hechos y procesos sobre los que se tiene poca capacidad de incidir. Pero más grave es que si la economía se comporta el año próximo como se establece en los CGPE-21, en los años siguientes el crecimiento del PIB se estabilizará en torno a 2.5%. Teniendo en cuenta la distribución del gasto público desde 2019, se mantendrá el peso relevante de los recursos destinados a los programas sociales y se concluirán los proyectos de infraestructura y de fortalecimiento del sector energético.
Los incrementos en la plataforma de extracción de petróleo no estarán destinados principalmente a la exportación y aumentará la refinación de gasolinas en el país. Sin embargo, todo ello no se traducirá en una modificación de la tendencia de débil crecimiento que ha caracterizado a la economía de México desde hace décadas.
Es un escenario en que el aumento del PIB a largo plazo apenas es algo mayor a 2%. Con ese dato difícilmente se reducirá la desigualdad y menos habrá capacidad de generar gran cantidad de empleos formales que expresen la mejora sustantiva en las condiciones de vida de amplios grupos de población.
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