La reorganización de las finanzas públicas es uno de los datos relevantes del gobierno actual. Aún antes del inicio de la actual administración federal se presentó una propuesta que consideraba una redistribución del gasto público, buscando dar prioridad a la ejecución de diversos programas sociales. Fue inmediata la ejecución de programas sociales que están atendiendo a diversos grupos de la población: adultos mayores, jóvenes sin empleo, jóvenes cursando estudios de enseñanza media superior y superior. También algunos destinados a alguna actividad económica, como el de sembrando vida y otros para grupos sociales específicos, madres solteras, personas con capacidades diferentes. Son programas ejecutados a partir de la redistribución del gasto público, en tanto se mantienen los criterios de equilibrio fiscal, e incluso del superávit primario.
En el terreno de las actividades económicas, la producción y la infraestructura, hay otro conjunto de acciones que se presentan como sustanciales en su proyecto de transformación de la sociedad. Por un lado, están las inversiones en la industria petrolera, que considera el incremento de la extracción de crudo, pero también la ampliación de la capacidad de refinación para lograr surtir la demanda nacional principalmente a partir de la acción de Pemex. En materia de generación de energía eléctrica también destaca el fortalecimiento de la CFE. Por otro lado, hay algunos proyectos en materia de infraestructura en transporte ubicados en el sur-sureste del país, como parte de una estrategia para incorporar a estas regiones a la dinámica de la economía nacional. En infraestructura de transporte está el proyecto del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
A la fecha el tamaño del gasto público es notoriamente insuficiente para atender una gran cantidad de necesidades sociales que son imprescindibles para una vida digna de la población, que construye inclusión social y que hace parte de un estado de bienestar y de las instituciones que lo hacen factible. Un estado de bienestar incluye, por ejemplo, instituciones de salud a las que tenga acceso el conjunto de la población. Pero también un sistema educativo que considera hasta el nivel superior y es incluyente, lo que requiere de la acción estatal con un carácter sustantivo. Igualmente, de capacidad científica, tecnológica y de innovación propia, articulada a la producción y a la generación de saberes y habilidades para resolver los mayores problemas sociales del país, en temas como alimentación, salud, medio ambiente, energías alternativas y organización de las grandes ciudades. Sin avanzar en estos terrenos no será posible una transformación de la vida pública en el país, por lo menos una que resulte compatible con el desarrollo social. El gasto público debe incrementarse como condición del crecimiento y del desarrollo, y los acontecimientos recientes, la epidemia de Covid-19 incluida, lo presentan de una forma contundente y perentoria. Sin ese cambio, la desigualdad social se incrementará, con todos los procesos de descomposición social que la están acompañando desde hace algunos lustros.
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