El pasado 6 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe que elaboró el grupo encargado de realizar la visita y análisis de la situación de la economía de México, con base en el artículo IV del acuerdo de ese organismo multilateral. El texto debe ser aprobado por el consejo directivo del FMI y en esa condición conocido oficialmente por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
Es el segundo informe que se presenta bajo la actual administración federal. El año pasado los directores ejecutivos del organismo internacional destacaron positivamente el mantenimiento de una política fiscal prudente. Señalaron favorablemente la preservación del marco institucional y de políticas muy sólidas por parte de las autoridades del gobierno de México, aun cuando destacaron la necesidad de ejecutar políticas macroeconómicas sólidas, combinadas con la aceleración de reformas estructurales para promover un crecimiento sólido, sostenible e incluyente.
Sorprende el sentido de las recomendaciones del FMI, en tanto considera que es la condición para promover un crecimiento sólido, sostenible e incluyente. En más de dos décadas previas, la política económica ejecutada y las reformas estructurales realizadas no han logrado este objetivo. Los datos sobre el crecimiento del producto interno bruto (PIB), teniendo en cuenta el tamaño de la población, indican un largo y sostenido estancamiento sin que exista una disminución significativa de la desigualdad social y menos aún la creación de instituciones y procesos sociales que garanticen una sociedad crecientemente incluyente.
En el informe de 2020 las observaciones tienen una dirección semejante, aun cuando destacan los elementos críticos acerca de algunos contenidos de las decisiones de política económica y la no ejecución de reformas estructurales. Es un documento que considera 15 puntos, iniciando con una evaluación sobre la pandemia y las estimaciones sobre las difíciles condiciones de la economía en 2020 y 2021. Entre los elementos positivos que se informan están las condiciones creadas por el monto de las reservas internacionales y las garantías adicionales para los capitales colocados en el país, producto del mantenimiento de la línea de crédito otorgada por el FMI, del orden de 60 mil millones de dólares, y el acceso a la línea de canje de pesos por dólares establecida entre el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos.
En el año, el banco central ha utilizado estos recursos para ofrecer dólares en México y actuar en los mercados cambiarios. En todo caso, son condiciones que dan estabilidad a los mercados financieros y garantizan la colocación de recursos del exterior en el país, que se benefician de los diferentes niveles entre las tasas de interés que están pagando por la deuda pública interna de México, con relación a la que se obtiene por deuda pública en el mercado de Estados Unidos o de la zona del euro, por señalar una diferencia. Sin embargo, el hecho no se traduce necesariamente en inversiones productivas en México.
En cuanto a las principales observaciones críticas, destaca lo señalado acerca del reducido monto de la inversión pública, una vez que se descuentan los recursos destinados a la industria petrolera. Se sostiene que la estrategia empresarial de Pemex está desplazando recursos para gastos esenciales. Al respecto, se afirma que Pemex debe enfocarse en la producción en campos rentables, vender activos no esenciales y frenar los planes para aumentar la refinación. Incluso, se insiste en privilegiar la asociación con empresas privadas.
En una frase: se recomienda dar continuidad a la reforma energética, con lo que, en el mejor de los casos, seriamos un país que extrae petróleo para venderlo al exterior y sin capacidad ninguna de surtir sus necesidades de energía. En 2018 la ejecución de una estrategia con esas características implicó que la industria del petróleo fuera crecientemente deficitaria en materia de divisas, participando en el incremento de la vulnerabilidad financiera del país y generando condiciones mayores para mantener una condición de estancamiento económico.
Sin duda, es necesario incrementar la inversión pública en rubros como salud, educación, transporte, comunicaciones, investigación científica, pero sin desatender la energía, incluyendo el avance hacia las energías renovables. La continuidad en las reformas estructurales de los años previos no es un camino. Su ejecución en un largo periodo previo resultó en incremento de la desigualdad social con una firme tendencia al estancamiento económico.
Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
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