Por: Ruth Ramos
La Política Nacional de Mares y Costas de México (PNMCM) está en proceso de actualización. Desde Greenpeace buscamos que cualquier cambio que se haga a esta política sea para reafirmar el compromiso de nuestro país de proteger el océano y no para permitir el inicio de una industria extractiva incompatible con el desarrollo sostenible.
Como parte del proceso de actualización de la PNMCM, la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) organizó una serie de talleres participativos en varios puntos del país para obtener insumos que le permitan desarrollar la nueva versión de dicha política.
En el último taller, que se llevó a cabo el 10 de octubre en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de México, participaron actores clave del sector gubernamental (de los tres niveles de gobierno), la academia, la sociedad civil organizada, representantes de pueblos y comunidades locales, sector privado, juventudes y cooperación internacional.
Lo que el Gobierno de México busca con este proceso de actualización es dar respuesta a su compromiso internacional de transitar hacia el manejo sostenible de toda la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de nuestro país. Actualmente, la PNMCM indica que el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas debe realizarse sin rebasar su capacidad de regeneración, lo cual permitirá explotar en forma racional los recursos y seguir disfrutando de la naturaleza en un futuro.
Lo que es preocupante e incongruente es que la misma política también presente a la minería submarina como una actividad económica relevante para el desarrollo sostenible.
La última versión pública de esta política menciona que nuestro país tiene potencial para la minería submarina debido a la existencia de yacimientos minerales con gran valor económico en nuestro territorio. También menciona que, debido a que ya se prevén actividades de minería submarina por parte de otros países en la Zona Clarión Clipperton (ZCC), colindante con la ZEE de México, sería viable la inserción de empresas y de la economía nacional en esas actividades de explotación minera submarina, y en las cadenas creadas a partir del aprovechamiento de estos recursos.
Esto es preocupante. No hay forma de que la minería en aguas profundas sea compatible con el desarrollo sostenible. La minería submarina en la ZCC busca extraer recursos minerales como el cobre, níquel, cobalto y manganeso a partir de la recolección de nódulos polimetálicos, los cuales son formaciones minerales que han tardado millones de años en formarse; es decir, se trata de un recurso no renovable que una vez que sea extraído nunca se regenerará.
Además, para recolectar estos minerales se creará contaminación lumínica y acústica en las profundidades del océano, se perturbará la vida de muchas especies que viven en obscuridad y silencio, se removerán los sedimentos en el fondo marino y se provocará una pérdida de hábitats para diversas especies. ¿Cómo podría ser esto una práctica de aprovechamiento sostenible de los recursos del mar?
Compañías mineras, como The Metals Company, continúan cabildeando a gobiernos y organismos internacionales para iniciar actividades mineras comerciales que les permitan comenzar a generar ganancias. Esta industria se justifica como necesaria para la transición a energías limpias pero consideramos que la producción de baterías de autos eléctricos y teléfonos inteligentes —que es para lo que se usan esos minerales— no justifica la destrucción y saqueo de los océanos.
Además, la ZCC a la que se refiere esta política colinda con la Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo, el Área Natural Protegida más grande del país. Esto es lo que está en riesgo si los planes de minería submarina en aguas internacionales se aprueban. El gobierno de México debe prestar atención a estas discusiones internacionales y tomar una postura a favor de la protección del océano.
Nuestro país debe ser congruente con los esfuerzos nacionales para proteger y conservar la riqueza oceánica y diversidad biológica en nuestro territorio, que se verían afectados negativamente por la industria de la minería submarina incluso en aguas internacionales.
La Política Nacional debe reflejarse en la postura internacional
Durante el taller, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE y sherpa de México ante el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, Joel Hernández García, afirmó que "la Cancillería, en su mandato como interlocutora entre México y el mundo, ha llevado a cabo un importante esfuerzo en impulsar la agenda multilateral promoviendo sinergias, diálogos y cooperación entre acuerdos internacionales, asegurando una política exterior responsable y activa que promueva el cumplimiento de nuestras metas nacionales”.
Sin embargo, desde Greenpeace observamos que este papel no ha sido del todo claro y contundente para detener el inicio de la minería en aguas profundas.
En Greenpeace buscamos que así como México tiene una postura clara en contra de la minería submarina en territorio nacional, también muestre su responsabilidad y compromiso con la protección del océano en su política exterior, se pronuncie a favor de una moratoria y se oponga a la minería submarina en aguas internacionales.
Invitamos a las personas a que firmen nuestra petición para pedir al gobierno de México que proteja el océano y se oponga a la minería submarina en aguas internacionales: altomineriasubmarina.org
*Ruth Ramos es campañista de “Alto a la minería en aguas profundas” de Greenpeace México.
