El próximo 27 de marzo los más de 90 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en el listado nominal estamos convocados a las urnas para decidir si le revocamos o no el cargo al Presidente. Un ejercicio democrático y sin precedentes.
Después de una serie de peripecias legislativas, institucionales y jurisdiccionales parece que por fin tenemos un marco legal estable. Con una ley reglamentaria que debió aprobarse y publicarse a los 180 días de la reforma constitucional -se hizo después de 450 días- y; con unos Lineamientos del INE que han sido impugnados y modificados parece que ya estamos listos para la organización de la revocación.
Pese a lo anterior, muchos han tratado de jalar agua para su propio molino haciendo de esta consulta un instrumento para mejorar o perjudicar a alguna fuerza política. Esto toma mayor relevancia cuando estamos a mitad de un sexenio y de cara a las elecciones presidenciales de 2024 . Pero, se ha perdido de vista que su objetivo es involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones e ir formando ciudadanía.
El mayor reto es entender a la revocación como una herramienta ciudadana y no política. Un complemento de la democracia representativa y no como su antagonista. Tampoco es una encuesta de popularidad con la que se pretenda medir -con recursos públicos- el arraigo que aún tiene el Presidente entre las mexicanas y mexicanos.
Sin embargo, no debemos perder de vista que, pese a todo lo anterior, como país necesitamos que este ejercicio tenga éxito desde las instituciones para garantizar los mejores resultados, así como para fortalecer la confianza de la ciudadanía en los instrumentos de democracia directa organizados por el INE -cómo debe ser-.
Para ello, necesitamos que se tengan buenos resultados en tópicos tales como: 1) la participación ciudadana, 2) la completa integración de las mesas receptoras de revocación de mandato, 3) la aceptabilidad de los resultados, 4) la confianza y certeza que brinde el INE en el desarrollo de la consulta; y 5) evitar el uso tendencioso del ejercicio.
Uno de los principales retos es que la ciudadanía no se sienta agotada de estar acudiendo a las urnas. Lamentablemente no estamos acostumbrados a opinar/votar seguido, lo hacemos cada tres años y con menor afluencia cuando no se elige a la persona titular del Ejecutivo federal. Así, en junio pasado se renovó a la Cámara de diputadas y diputados, en agosto fue la Consulta Popular de juicio a expresidentes y el próximo marzo será la revocación de mandato.
¡En 10 meses se pretende llamar tres veces a la ciudadanía a las urnas!
Este agotamiento no solo es por ir a votar, sino que, incluye el hecho de ser funcionario de casilla. Pese a que el INE mantiene un porcentaje muy alto de integración de las mesas, también lo es que lograr instalar el mismo número de mesas que el de la elección pasada representa un gran reto. Se necesitarán 12 millones de personas capacitadas, para más de 620 funcionarios de casilla, que habrán de formar las más de 156 mil casillas en todo el país.
Además, hay que tener presente que este ejercicio fue presupuestado en 3,800 millones de pesos. Cifra similar a lo que costó la renovación de la Cámara baja.
Por último, otro reto será dar certeza y confianza a la función que está realizando el INE. El Instituto está cumpliendo con su función constitucional de organizar este ejercicio, puesto que sin tener una ley reglamentaria previó aspectos destacados como un conteo rápido el mismo día de la elección, cómputos el mismo día de jornada o la inclusión de los mexicanos residentes en el exterior.
Si bien hay casos en que se puede mejorar la labor del INE -como las respuestas de la pregunta en la boleta, monitoreo de espacios noticioso en radio y tv, mayor número de urnas electrónicas, por ejemplo-, también lo es que estamos en condiciones de tener seguridad de que será un proceso integro y legal.
Sea este el primero de muchos ejercicios.
