Uno de los temas que ha llamado la atención en la eventual reforma electoral es cambiar la fórmula del financiamiento público a los partidos políticos nacionales. Es un tópico medular de los cambios que busca el gobierno y el partido en el poder con la finalidad de abaratar las elecciones y la democracia.
La forma en que hoy se distribuyen los recursos es exponencial y no se basa en la función constitucional de obtención del voto o el acceso al poder. Se centra en dos elementos que, por su propia naturaleza, son crecientes año con año: 1) el padrón electoral y 2) la unidad de medida y actualización -UMA-.
Para 2026, la cifra es de más de 7 mil millones de pesos.
Esta fórmula parece haberse agotado. No sólo por lo oneroso del gasto, sino por lo desigual que es para los diversos partidos políticos. Así se busca modificar con el pretexto de ser un gasto excesivo -y lo es-. Sin embargo, la argumentación y finalidad distan de ser lo mejor para el sistema de partidos y para la propia democracia.
Reducir el financiamiento de forma drástica hace más grande al partido grande -además de los recursos provenientes de los gobiernos que tienen-.
Las propuestas que más han sonado son para reducir la cifra en un 50%. Por ejemplo, se propone multiplicar la UMA por el número de votantes de la última elección, es decir, por las personas que fueron a las urnas en 2024.
En dicho año fue el 61% del listado nominal, lo que implica una reducción del 40%. Dicha situación empeora en las elecciones intermedias, donde se incrementa el abstencionismo. En 2021, la participación fue del 52%, lo que implica una pérdida del 48% del financiamiento.
Aunado al problema de que congelaría la cifra por tres años. De forma que en 2027 tendríamos la reducción al 40% y de cara al 2030 sería del 50% (sería una cifra congelada por tres años, es decir, se repetiría el porcentaje en 2028, 2029 y en 2030).
¡Esto tiene un claro beneficiario!
Ahora bien, una forma de bajar la cifra de financiamiento sin perjudicar la competencia electoral sería calcular conforme al ciclo electoral presidencial que se desarrolla en seis años. Es decir, tres tipos de financiamientos para tres tipos de año que hay en este ciclo: 1) años sin elecciones, 2) años con elección sólo de la Cámara de diputaciones y 3) años con elecciones concurrentes de legislativo y ejecutivo.
Con la anterior, tendríamos un porcentaje diferente – a la baja- en los años en que los partidos no tienen que buscar el voto de la ciudadanía, pero con financiamiento para sus otras actividades y para cumplir con sus otros fines.
En un segundo momento subiría el financiamiento para las elecciones de la Cámara de diputaciones con la finalidad de que salgan a buscar el voto y, en un tercer momento, subirlo más para el año en que concurren las elecciones de los dos poderes.
De esta manera se garantizaría dicha prerrogativa y se tendría una reducción en el gasto que potenciaría la búsqueda del voto. Aunado a que ello, obligaría a todos los partidos a buscar nuevas estrategias de comunicación y vinculación con las y los mexicanos.
La tarea no es sencilla. Se debe buscar es la reducción del gasto sin mermar la competencia política.