El próximo 1° de junio se instalarán más de 84 mil casillas en todo el país, para que más 99 millones de mexicanas y mexicanos acudamos a las urnas a elegir 881 personas juzgadoras, a través de más 3,500 candidaturas.
Es la primera vez que elegiremos a las y los ministros, magistraturas y personas juzgadoras. Al parecer, la primera de muchas veces que se elegirán (mientras no exista una reforma constitucional que deshaga lo aprobado).
La gran duda está en la participación ciudadana: ¿Quiénes y cuántos mexicanos/as saldrán a votar?
Quienes dan un número halagüeño se acercan al 17% que se obtuvo en la revocación de mandato de 2022 -considerando el voto duro del partido en el poder, así como a algunos de los beneficiarios de los programas sociales-. Alrededor de 16.5 millones de personas votantes.
Hoy nos encontramos en la encrucijada de votar o no hacerlo.
Son muchas las voces que se encuentran en contra de la reforma y de esta elección. En los círculos más cercanos -familiares y amistades- se levantan voces en contra del diseño legislativo, de la falta de conocimiento de las candidaturas, de lo complejo de las boletas o de la forma de votar.
Las voces con más experiencia refutan la invitación diciendo: ¡En su casa los conocen!
Las críticas más severas vienen de la intención de la reforma, de los acordeones que ya circulan para votar en favor de algunas candidaturas o, incluso, del posible fraude que hacen por acreditar afiliados o militantes como observadores electorales y pagarles por dicha función.
El problema de fondo no es un hartazgo con acudir a las urnas o, peor aún, con la democracia. El desánimo viene de una raíz más profunda, atribuible a la falta de entendimiento de una reforma mal pensada y peor diseñada; de una clara intención de someter a un poder a otro, sin importar los costos de ello.
Lo único rescatable es que el método democrático y, en concreto, las elecciones siguen siendo la vía más confiable para resolver conflictos. Un parte fundamental de está confianza se encuentra en el INE y su personal de servicio profesional que garantiza la calidad de las elecciones, 70% de la ciudadanía confía en el Instituto.
El número de cargos a elegir, no tener el mismo número de casillas que en 2024, la imposibilidad de tener acceso a radio y televisión, la no previsión de programa de resultados preliminares, no tener conteos rápidos, la postulación de candidaturas que no cumplen con los requisitos de ley, entre otros temas es gran responsabilidad de la ley y sus operadores y no del INE.
La ciudadanía puede confiar en que las elecciones están organizadas con la misma calidad de las últimas 13 elecciones federales y de los dos mecanismos de democracia directa que ha organizado el INE.
Técnica y profesional están garantizadas las elecciones.
Es muy respetable que las y los mexicanos decidan no acudir a las urnas. Son muchas las razones -personales, democráticas, políticas, sociales o culturales- por las que se puede decir no acudir y están su derecho de no ir.
Sin embargo, debemos tener presente que quien decida acudir a las urnas tendrá garantizada las condiciones necesarias para emitir su voto. El INE ha trabajado durante más de 7 meses para garantizar que exista una casilla, una boleta y un cómputo y escrutinio de este. El Instituto tiene todo listo para que salgamos a votar.
Por mi parte he decidió acudir y ejercer mis derechos.
