Desde hace varios sexenios se tiene la costumbre que, pasada la elección presidencial, se presenta una reforma electoral sobre aquello que se estima perfectible. Está busca impulsar la agenda sexenal en la materia. Hoy todo es al revés.
Se comenzó sin atender el tema y ya por concluir el sexenio se busca impulsarlo. Normalmente, se reforma en los primeros años para que en las elecciones intermedias se ponga a prueba la reforma y, de ser necesario, se ajuste de cara al cambio de la persona titular del Ejecutivo. Así pasó después de las elecciones del 76, 88, 94, 2006 y 2012.
Hoy se pretenden cambiar de reglas y de autoridad sin asidero previo ¡todo mal!
Sin precedente alguno se ha tomado al INE como enemigo público. Se le ha descalificado, denostado y hasta castigado por no ceder a los caprichos del partido en el poder ¿Su crimen? Sencillo, hacer cumplir las leyes y por atenerse a su mandato constitucional y legal, respetando sus facultades y atribuciones.
Se ha caído en el absurdo de catalogar a todas las personas que lo integran como “clasistas” y “fifis”; todos vistos como burocracia dorada, sin voltear si quiera a ver a las personas, a los perfiles y a los años de formación y experiencia del personal y; solo voltear a ver a las y los consejeros. Incluso, se está en el ridículo de pensar que dos consejeros (Lorenzo Córdova y Ciro Murayama) son la Institución. Aunado a que verlos como enemigos es un error, puesto que, junto con una consejera y un consejero dejan el cargo el próximo abril y la Institución continuará sin ellos.
El INE no es de quien lo preside o de quienes lo integran. Esta Institución es de todas y todos los mexicanos, de quienes se esforzaron, lucharon y exigieron la creación de una Institución que no dependiera del gobierno - como en el 88 - y que fuera de la ciudadanía.
Lo mismo ha dado el triunfo al PRI, al PAN y a MORENA, cuando así les han favorecido las preferencias electorales. Ha impulsado la participación política de las mujeres y combatido a violencia política, como también lo ha hecho para impulsar la participación y representación de grupos tradicionalmente desfavorecidos como los son migrantes, indígenas, afromexicanos, LGBTTT+, etcétera.
Sin embargo, se ha dicho que no se busca desaparecerlo, sino transformarlo. Pasaría ahora a ser el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas). Cambiar el nombre es lo de menos, ya la Constitución establece como atribución del INE hacer dichas consultas. Ahí está la consulta popular de juicio a expresidentes y la revocación de mandato de este año.
Es ocioso modificar solo para cambiar el nombre, realmente hay otras intenciones. Una modificación constitucional sería abrir la puerta para mermar las funciones esenciales que realiza el INE que son de la mayor importancia. Por ejemplo, quitar el listado y padrón electoral al INE y dárselo a SEGOB, al igual que la credencialización; o de plano eliminar a las autoridades electorales de los estados.
Peor aún sería borrar áreas sustantivas como capacitación y organización electoral, con el pretexto de generar ahorros. Adelgazar la estructura es un reto mayor, se debe hacer lo mismo - con la misma calidad y eficacia - pero con menos recursos. Ese es el reto, no lo es ahorrar y hacerlo todo mal.
Con la extinción del INE y la creación del INEC se abre la puerta para correr a todas las y los consejeros y nombrar a todos los nuevos integrantes. Se traduce en darle todos los nombramientos a quien controla la Cámara de Diputados y así ceder el control de la autoridad a la fuerza dominante.
La reforma no busca garantizar la continuidad del actual proyecto, ya que según las encuestas habrá continuidad. Lo que en sí se desea es acomodarse las reglas para permitir que se hagan pre-precampañas antes de tiempo y posicionar a las y los posibles candidatos sin que se les sancione o multe. Así las cosas.
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