Nos guste o no, el proceso electoral para la renovación parcial del Poder Judicial de la federación está en marcha. El próximo 12 de febrero, el INE recibirá las listas de candidaturas por parte del Senado, para realizar la revisión denominada 8 de 8 y proceder al inicio de las campañas, programado para el 30 de marzo.
La etapa de campañas tiene más dudas que certezas. El poder reformador tomó como sustento las elecciones de los otros dos poderes para hacer la reforma y modificó tratando de separarse de lo que ocurre en dichas elecciones. Desgraciadamente no lo logró, e hizo una legislación sin pies ni cabeza, llena de contradicciones e inviabilidades.
Son muchos los temas que preocupan en materia de campañas, sin embargo, uno de ellos es un eje toral: la falta de dinero para hacer campañas.
Se tuvo como centro de las campañas el no financiamiento público ni privado. Contrario a lo que ocurre en las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dónde el INE da un financiamiento para campañas y se permiten aportaciones -con un límite- de militantes y simpatizantes.
En cambio, el legislador pensó en que las personas candidatas por sí mismas podrían pagar sus gastos de 60 días de campaña. Para ello se legisló un concepto nuevo “gastos personales” -viáticos y traslados-, los cuales no podrán ser superiores al límite de aportaciones personales de una candidatura independiente a diputaciones, el cuál fue de 220 mil pesos. Es todo lo que podrían gastar.
Dicha suma entre los 60 días de campaña da un aproximado de 3,700 pesos por día para campaña. Situación que se complica si pensamos en las candidaturas a la SCJN, a la Sala Superior del TEPJF o al Tribunal de Disciplina Judicial, puesto que son cargos de elección popular a nivel nacional y estarían solicitando el voto en todo el país. Por lo que trasladarse se hace casi imposible.
A esto se debe sumar a la poca presencia mediática que tienen las personas candidatas, esto se debe en gran parte a la premura de las elecciones y al poco tiempo de exposición como para una elección de voto popular.
Si comparamos con la elección del Ejecutivo federal del año pasado vemos que, entre procesos políticos internos, precampañas y campañas, las candidaturas tuvieron al menos un año de actos públicos y proselitistas para darse a conocer y, en cambio, el Poder Judicial cuenta con escasos 60 días de personas de quienes, en su gran mayoría, nunca hemos escuchado. Hay una diferencia abismal.
Esta situación se acentúa con la definición del INE del pasado 13 de enero, en la que decidió adoptar un modelo de acceso a radio y tv en el que el Instituto hará uso de los tiempos en radio y televisión para la promoción de estas elecciones, y no tendremos spots de las y los candidatos. Estas se encontrarán en un micrositio, por si la ciudadanía quiere consultarlos.
Esto no por culpa del INE sino por lo imposible de garantizar spots para 5,379 candidaturas en un canal de tv o estación de radio de forma equitativa en los 48 minutos diarios que se tienen. Así, se tiene que garantizar que los spots tengan condiciones técnicas para subirse a las plataformas respectivas, donde, por cierto, no son aptos los videos grabados con un celular, se necesita ¡dinero para su realización y producción!
Por otra parte, podremos ver muchos foros de discusión y difusión, organizados por el INE, pero más por los medios de comunicación. Esta deberá ser una verdadera opción para dar a conocer las candidaturas a la ciudadanía.
El modelo que se estipuló deja más dudas que certezas. Peor aún, abre la puerta al dinero de procedencia ilícita y a un financiamiento ilegal, incluso, de organizaciones criminales.
Campañas sin dinero… un gran error.
