El ominoso Plan B ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. La alternativa presidencial al fallido intento de reforma constitucional electoral es una apuesta definitiva por conservar el poder más allá de 2024. El Plan no puede ocultar la doble vía perversa que seguirá el Gobierno: mermar, por un lado, las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE), poniendo en riesgo el proceso electoral federal; y por el otro lado, controlar estatalmente la elección, en la medida de lo posible.
La reforma elimina las 300 Juntas Distritales, encargadas de realizar las funciones sustantivas en materia electoral y reduce la estructura de 32 Juntas Ejecutivas Locales para pasar a tener tres vocalías en lugar de cinco. De esta forma, se pone al INE entre la espada y la pared, ya que, mermado en su estructura organizacional, tendrá que organizar las elecciones más grandes de la historia, con un listado nominal que al 24 de febrero tenía 94.5 millones de personas.
No sólo se verá afectado el proceso electoral, también la actualización del padrón, la cartografía electoral y la depuración de la Lista Nominal de Electores. A esta tragedia se suma la supresión de la Junta General Ejecutiva del INE, la reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional en un 84.6%, y la estructura de los Organismos Públicos Locales.
El Plan B afectará los derechos laborales, ya que disponen de un tope a las remuneraciones, elimina prestaciones, y extingue el fideicomiso del pasivo laboral del INE, que garantiza la protección de los derechos. Más allá todavía: la reforma faculta al Poder Ejecutivo para intervenir en la elaboración del padrón y prevé la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el empadronamiento de las y los mexicanos que residen en el extranjero.
Las violaciones procesales del Plan B son alarmantes: desde que llegó la iniciativa a la Cámara de Diputados se negó cualquier posibilidad de debate y deliberación, se violaron las reglas mínimas de la representación popular democrática, se atropelló el proceso para satisfacer los apetitos de venganza del Presidente y dinamitar a la oposición.
A raíz de la publicación de un plan brutal y vengativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve hoy presionada desde diversos sectores. Incluso antes de publicado el Plan, comenzaron las amenazas y filtraciones contra la Ministra Presidenta en lo que se espera será una guerra brutal guiada desde el Ejecutivo contra el Poder Judicial. Será sin duda, de gran interés, seguir el proceso deliberativo y los votos, para constatar quienes están de acuerdo en validar un proyecto legislativo viciado de origen.
Ya antes la Corte, ha resuelto diversas acciones de inconstitucionalidad en las que ha dejado en claro que la base del principio democrático debe cumplirse con ciertos estándares, y que las violaciones al procedimiento de creación de leyes es trascendente cuando incide en la calidad de la decisión si no respeta, de entrada el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad y si no se aplican correctamente las reglas de votación.
Treinta años de luchas políticas pacíficas, sin odio y sin violencia, están a punto de ser tiradas al basurero de la historia por un movimiento que pretende convertirse en una nueva hegemonía, totalitaria, improvisada corrupta y retrograda. La marcha del pasado 26 de febrero no fue un aviso suficiente para que el Ejecutivo Federal desistiera en sus planes golpistas. La ciudadanía marchó, pero, en lugar de ser escuchada, el Palacio cerró sus puertas y su habitante decidió hacer oídos sordos con una reforma que destruye todo aquello que se defendió el domingo.
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Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC
