La declaración de invalidez de porciones importantes del llamado Plan B, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha desatado una virulenta y agresiva ola de ataques en contra la ministra presidenta y contra el Poder Judicial en general.
La resolución de la Corte ha sentado un importante precedente para el Poder Legislativo, al demostrar que el sistema de contrapesos y la defensa de la Constitución, tienen en la Corte a su último reducto. Los días oscuros en los que el Poder Judicial se sometió incondicionalmente al Poder Ejecutivo parecen haber llegado a su fin, junto con el fallido intento, orquestado desde el poder palaciego, para imponer a una ministra plagiaria en la presidencia de nuestro máximo tribunal.
La Corte dio un golpe brutal a los intentos presidenciales por imponer reformas aprobadas al vapor, sin deliberación y violando las normas del proceso parlamentario.
En la resolución contra el Plan B, se denunció el cúmulo de irregularidades y violaciones a los Reglamentos, la afectación sustancial a los valores centrales de la discusión deliberativa de nuestra democracia, las violaciones al debido proceso, la falta de respeto a los derechos de las minorías parlamentarias, la ausencia de libertad de expresión, la violación del derecho al voto y la falta de un debate abierto e informado en el que se respetaran los tiempos y las formas.
El Congreso de la Unión, enfrenta hoy un ridículo histórico, al ser desnudado en sus pretensiones de convertirse en un Poder subordinado, sumiso y obediente. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández ha recibido múltiples amenazas, e incluso se ha quemado una piñata que la representa, en una abierta manifestación de prepotencia autoritaria y violencia política, que demuestra a todas luces el talante golpista y autoritario de este gobierno.
A la movilización de agitadores y golpeadores y a la extensa campaña en redes se han sumado las amenazas para realizar una “transformación” radical del Poder Judicial, cuya autonomía y profesionalización han sido el resultado de una lucha histórica con reformas legales de gran calado.
Recientemente se llegó al extremo de anunciar una nueva consulta pública espuria e ilegal para elegir, por voto directo, a las ministras y ministros, desconociendo la naturaleza especializada de quienes defienden nuestra Constitución y nuestras leyes.
Se han creado escándalos en torno a la ministra presidenta y se ha lanzado una campaña en redes para denunciar los supuestos lujos y privilegios que rodean a los integrantes de la Corte, dejando de lado el hecho de que las pérdidas acumuladas por PEMEX y la CFE bastarían para cubrir el presupuesto de la Corte durante cientos de años.
Con sus dichos, el presidente López Obrador acude a su estrategia favorita de crear cortinas de humo para encubrir el desastre de una gestión llena de promesas incumplidas, de fracasos históricos y de intentos reiterados por imponer decisiones autoritarias por encima de los otros Poderes de la Unión.
La Corte, bajo la presidencia de la ministra Piña, nos ha devuelto las esperanzas perdidas, al mostrarse como el auténtico y único baluarte de nuestro orden constitucional, en medio de un entorno gubernamental caracterizado por mentiras, robos y traiciones.
La más reciente resolución de la Corte golpea de nuevo al Ejecutivo, quien pretendía ocultar las delirantes cantidades de recursos dilapidados en obras faraónicas, al clasificar los proyectos prioritarios de seguridad nacional.
La votación del 18 de mayo es todavía indicativa de los resabios de sumisión que todavía prevalecen en la Corte, ya que Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto.
La Corte tiene todavía retos importantes, como el análisis de las impugnaciones para que el INAI pueda sesionar con cuatro comisionados, ante las graves omisiones legislativas de un Senado que no ha podido procesar decenas de nombramientos, por atender las prioridades presidenciales. Esperemos que el Poder Legislativo acuse de recibido y renuncie, como ya lo ha hecho la Corte, a ser un apéndice de un Poder Ejecutivo cuya anunciada ruta hacia la dictadura debe ser detenida de inmediato.
