De cara al proceso electoral de 2024 la ciudadanía está cada día más indefensa ante los atropellos e inmundicias de la Cuarta Transformación. El último día de mayo, a pesar del ultimátum de una jueza para que el Senado eligiera al menos a un comisionado o comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Permanente, en una sesión aberrante, decidió que no era urgente convocar a un periodo extraordinario.
Más allá de la multa que recaerá sobre senadoras y senadores, estamos ante un hecho de extrema gravedad en el que un Poder de la Unión decide burlarse de las resoluciones de otro Poder, en un abierto desacato que se da en medio de un desplante impropio de las formas y reglas democráticas.
Lo más grave es que la ciudadanía ha quedado en la indefensión en materia de transparencia y protección de datos personales. Durante este sexenio ha disminuido, en una quinta parte, el personal dedicado a la transparencia en todo el país, mientras que se acumulan las solicitudes que han recibido como respuesta una negativa, así como los recursos de revisión.
Por instrucción presidencial, el INAI no ha podido sesionar en dos meses. Estamos ante un ataque histórico, por parte de la presidencia de la República, a una institución autónoma del Estado.
De hecho, la falta de nombramiento de al menos una comisionada o comisionado se encuadra en uno de los supuestos de vulneración a la seguridad nacional, de acuerdo con la Ley de la materia, que manda el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.
Por si fuera poco, se está incurriendo directamente en una serie de conductas, que constituyen la antesala del juicio político, ya que se está atacando a las instituciones democráticas y se está afectando, de forma significativa y frontal, el derecho constitucional a la información.
La negativa del Senado a nombrar comisionado o comisionada, y luego de la Comisión permanente del Congreso de la Unión, es parte de una trama perversa de colusión de servidores públicos, para impedir que la ciudadanía conozca el gigantesco desfalco a las finanzas públicas.
Mientras se difunden las obras faraónicas, cuyos costos excesivos se han tratado de ocultar, la ciudadanía vive bajo las permanentes amenazas palaciegas, en un clima de violencia inusitado y con ciudades llenas de propaganda de los precandidatos oficialistas, quienes de forma impune recorren el país y despliegan cuadrillas que inundan nuestras ciudades de propaganda.
Y mientras se cancelan programas como el Seguro Popular y las Escuelas de Tiempo Completo, se destruye el sistema de salud y se suprimen 35 normas oficiales mexicanas, entre ellas, las relativas a diversos tipos de cáncer, el gobierno ha dilapidado 670 mil millones de pesos en sobrecostos de obras, que permanecerán por siempre como monumentos a la ineptitud, la arrogancia, la prepotencia, la estulticia, la corrupción desmedida, la impunidad y el dispendio criminal.
El gobierno ha tratado de impedir, por todos los medios, incluso los ilícitos, que la ciudadanía se entere del ominoso y aberrante dispendio gubernamental. Su control de los aparatos de procuración e impartición de justicia, a los que utiliza de forma facciosa, han impedido que se haga valer el Estado de derecho y que se sancione a una pléyade interminable de servidoras y servidores públicos, quienes han vaciado las arcas gubernamentales, mientras cobijan negocios clandestinos creados para desviar recursos.
El imperio de la opacidad se está construyendo y consolidando, día a día, ante nuestras miradas atónitas y expectantes. Estamos en una espiral de retroceso histórico nunca vista, que nos está sumiendo en una era de terror, oscuridad, violencia e impunidad.
Ayer fue el INE con el ominoso Plan B, hoy es el INAI con la inacción del Congreso de la Unión, y tal vez ya no haya un mañana de libertades y democracia. Ciudadanía y actores políticos debemos unirnos, como ya sucedió en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para constituirnos en el último reducto que impida la destrucción del país, que se oponga a la arbitrariedad presidencial y que frene de forma decidida la decadencia de nuestras instituciones.
