¿Votar por jueces? Algunos candidatos son verdaderos juzgadores de carrera judicial, con méritos, preparados, profesionales e imparciales, y ahora, la reforma judicial obradorista lo obligó a hacer campaña electoral, pero tendrán un Tribunal especial para disciplinarlos, y un órgano administrativo para aprestarlos financieramente; sin embargo, otros son “ambiciosos vulgares” (Yo no plagio, dijo AMLO), listos para seguir consignas y redactar sentencias al mejor postor o al donador de la campaña.
Creo que no votar es resistir contra el atraco a un poder de la Unión, un secuestro judicial. Votar es traicionar a la Constitución que en esencia es control del poder a favor del ciudadano. Creo en la idoneidad no en la popularidad. Creo en el sufragio “efectivo”, no en el voto ingenuo y falaz.
Votar es un derecho, no es deber jurídico coactivo. No ejercer el derecho a votar que te “reconoce” la Constitución es como callar cuando te garantiza la libre expresión. Si el voto es libre y secreto, el sigilo garantiza precisamente, en la casilla, la abstención silenciosa. Poner en una boleta “puto el que lo lea”, como hizo un diputado local del Congreso de la CDMX en una votación secreta, es una majadería sí, pero es un “no-votar”. Yo no quiero ir a poner un meme a los candidatos judiciales tiktokeros.
Al iniciar ese bochornoso proceso legislativo de reforma judicial, en aquel muladar de la Magdalena Mixiuhca, el 3 de septiembre del año pasado, presenté una “moción suspensiva”, para detener esa mentira. ¿Por qué habría de tener hoy una “actitud activa”, si la implementación sólo ha confirmado el drama y la simulación de la “purificación” de los juzgados?
El Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca las “tensiones” y “la preocupación por las garantías de independencia e idoneidad de las personas operadoras de justicia” en México (608). Al mismo tiempo, México “reconoció no contar con un diagnóstico que haya determinado el modelo de reconfiguración de sus tribunales a través del voto popular” (619).
Alevosamente el gobierno de Morena informó a la CIDH que el proceso de robo del poder judicial, “es el producto del libre ejercicio de la ciudadanía y de su aprobación por medio de personas representantes libremente elegidas, que conforman mayorías calificadas en ambas Cámaras del Congreso…” (616). Como si acaso los mexicanos nos chupáramos el dedo y no supiéramos que se agandallaron una mayoría de diputados sin proporción con los votos que obtuvieron en las urnas, ni supiéramos que la mayoría en el Senado se construyó con servilismo, trueques de impunidad, extorsión e incluso una huida cobardemente acordada de varios senadores. La semilla de esa reforma no es el “libre ejercicio de la ciudadanía”, ni votos genuinos de representantes en auténtica sintonía con sus representados, es obediencia a la herencia de desprecio al Estado de Derecho del expresidente López Obrador.
Por tanto, para ser congruente con mi desempeño parlamentario, no acudiré a votar. Afirmo que en esa mascarada de elección todo está decidido, es un timo al ciudadano, e invoco una “objeción de conciencia democrática”, como la de los pacifistas que niegan el servicio militar obligatorio.
No estoy de acuerdo en esa “toma” violenta con careta democrática de la justicia mexicana. Me recuerda lo que ocurrió en Colombia, aquel 6 de diciembre 1985, cuando unos terroristas “tomaron” la Suprema Corte, y el ejército “retomó” con tanques militares el palacio. Costó decenas de vidas de magistrados y personal administrativo. Ahora, igual, las hordas morenistas se aprestan a tomar (algunos patrocinadas por delincuentes, según ellos mismos), y retomar (pues hasta el ejército tiene candidatos) las sedes judiciales. No participaré de ese “holocausto” judicial, la CIDH así le llamó entonces en Colombia: holocausto es y será en México.
Diputado federal