El 2 de septiembre de 2024, Martí Batres anunció: “Este lunes publicamos las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de propiedad para restablecer los principios del artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que habían sido olvidados y sustituidos por un ‘principio rector’ de ‘respeto a la propiedad privada’ en el ordenamiento local. Ahora, con la reforma, se recuperan en el ámbito local las nociones de la propiedad originaria de la Nación, así como el derecho de la Nación para transmitir el dominio de la propiedad a los particulares y para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. Más adelante, el Jefe de Gobierno de la CDMX dice: “Se dificulta que el actual Poder Judicial pueda realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos”.
Independientemente de que en el corto plazo no se perciban afectaciones legales por este cambio constitucional, siempre es deseable y positivo que el respeto a la propiedad privada esté expresamente reconocido y protegido en nuestro ordenamiento legal. Sin embargo, la sorpresiva modificación representa un retroceso innecesario e inoportuno que envía una señal negativa en un momento económico complejo. Es esencial que se reconozca y proteja plenamente el derecho humano a poseer bienes y a no ser privado arbitrariamente de ellos. Los ciudadanos debemos contar siempre con mecanismos eficaces de defensa frente a posibles excesos, arbitrariedades o abusos de poder. Garantizar el pleno respeto a la propiedad privada es crucial y de interés público, ya que una sólida seguridad jurídica fomenta la inversión, impulsa el crecimiento económico y aumenta la generación de empleos productivos, fundamentales para alcanzar un desarrollo inclusivo.
La desafortunada eliminación del principio de ‘respeto a la propiedad privada’ de la Constitución de la CDMX representa un retroceso que daña la confianza para la inversión. Es fundamental que el respeto a la propiedad privada esté expresamente reconocido y protegido en nuestras leyes.
Lo dicen las calificadoras, lo advirtieron los organismos empresariales, lo afirman los colegios de abogados y los especialistas, lo alertó la embajada de los Estados Unidos, y lo denuncian organismos internacionales: la reforma constitucional recientemente aprobada por la coalición gobernante restará autonomía e independencia al Poder Judicial, dañando la certidumbre jurídica en nuestro país.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, miembro distinguido de la coalición gobernante, posteó el 5 de septiembre en la plataforma X: “Un fantasma recorre el @senadoemexicano… el fantasma de la mayoría calificada” -emulando el Manifiesto Comunista de Marx-.
Sí, el mismo fantasma de esa super mayoría artificial calificada que otorgó el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La coalición en el poder solo obtuvo el 54% de los votos, pero inexplicablemente tiene el 73% de las curules. Ambas instituciones afirmaron increíblemente que se respetó la voluntad de los votantes.
Yo publiqué este post en la plataforma X el 10 de septiembre: “Percibo un ambiente de amenazas provenientes del poder contra los senadores de oposición que decidan votar en contra de la reforma constitucional del Poder Judicial. No veo condiciones ni garantías que permitan a todos ejercer su voto en total libertad”.
Todos sabemos lo que pasó después: la fuerza política en el poder, con su super mayoría artificial calificada, que no está respaldada por votos efectivos, en medio de un ambiente intimidatorio y sin tomar en cuenta opiniones disidentes, aprobó la cuestionada reforma al Poder Judicial.
Desde entonces, ‘Un fantasma recorre México, el fantasma de la incertidumbre jurídica para la inversión’. Sin división de poderes ni contrapesos democráticos no hay certidumbre jurídica. Sin seguridad jurídica no hay confianza para la inversión. Sin confianza no hay inversión ni crecimiento económico. Sin crecimiento no hay generación de empleos productivos ni prosperidad posible.
Este sexenio empezó con ‘el error de octubre’, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que derrumbó la confianza para la inversión; y terminará con ‘el error de septiembre’, la demolición de la independencia del Poder Judicial, que dañará permanentemente la certidumbre jurídica para la inversión.
Los empresarios mexicanos somos muy resilientes, hemos sorteado crisis en el pasado, y esta no será la excepción. Seguiremos dando la batalla de las ideas, exponiendo con toda claridad a nuestros gobernantes, representantes populares y a la sociedad en general las condiciones necesarias para lograr alcanzar un desarrollo inclusivo. Es fundamental garantizar el respeto pleno de la propiedad privada, así como preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial, para disipar el fantasma de la incertidumbre jurídica. ¡Y que Viva México! #Opinión
