Una noticia reciente señala que el expresidente de México Enrique Peña Nieto, presuntamente recibió 25 millones de dólares de dos empresarios israelíes a cambio de contratos durante su administración. Esta información salió a la luz en un arbitraje confidencial en Israel, donde los empresarios calificaron esta "inversión" como un "activo" para obtener contratos lucrativos, incluyendo equipo de seguridad, drones, uniformes y el software Pegasus -utilizado ilegalmente para espiar a periodistas y activistas-. El expresidente ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de “absolutamente falsas” y “dolosas”, y asegura no haber recibido sobornos o haber intervenido en la asignación de contratos durante su gobierno. Sin embargo, Pegasus no es el único sistema de inteligencia cuestionado. Otras adquisiciones, durante su gestión, están marcadas por irregularidades que derivaron en denuncias penales.
En diciembre de 2015, la Policía Federal celebró un contrato con una empresa israelí para la adquisición de una "Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia" por un importe de 130.8 millones de dólares, el cual, por las anomalías detectadas señaladas en un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de octubre de 2020, no se pagó en su totalidad.
De acuerdo con este informe, la contratación presentó múltiples irregularidades. El análisis de requerimientos y el diseño de la plataforma iniciaron meses después de la firma del contrato y del pago del anticipo; la infraestructura tecnológica se entregó con diez meses de retraso y dos sistemas no cumplían con las funcionalidades requeridas. Uno de estos sistemas no tenía la capacidad para soportar el número de usuarios requerido, ni para conectarse con las 60 bases de datos de Plataforma México. Además, se detectaron pagos por entregables que no operaban o no cumplían con los requisitos establecidos. Se identificaron más equipos facturados que los registrados en el inventario, sin tener la certeza de que toda la infraestructura pagada hubiera sido realmente entregada. La ASF determinó un probable daño por 647.9 millones de pesos que dio lugar a una denuncia penal presentada en mayo de 2022.
En 2018, la Policía Federal realizó otra adquisición. La ASF identificó irregularidades en la contratación de sistemas de inteligencia con dos empresas mexicanas, Comercializadora Dizoal y Servicios Esrome, supuestas representantes y comisionistas de dos empresas israelíes. El informe detalla irregularidades que sugieren que los servicios no fueron prestados ni verificados adecuadamente. Además, los proveedores nacionales transfirieron el cien por ciento de los recursos recibidos de la Policía Federal a otras empresas, distintas de las extranjeras que supuestamente desarrollaron los sistemas, ya que los recursos nunca salieron de México. La ASF determinó un probable daño por 672.1 millones de pesos, que dio lugar a dos denuncias penales presentadas en octubre de 2020, las cuales ya fueron judicializadas.
Cuando los recursos destinados a proteger a la ciudadanía son desviados o mal administrados se agrava la vulnerabilidad de millones de mexicanos. En un país marcado por años de violencia que ha dejado cicatrices imborrables a lo largo y ancho de su territorio, es indignante que los sistemas de inteligencia, adquiridos para contribuir a garantizar la seguridad, fueron utilizados para beneficiar intereses particulares. La seguridad pública es un compromiso fundamental del Estado con los ciudadanos. Cuando ese compromiso se traiciona por actos de corrupción, no solo se desvían recursos, se quebranta la confianza y la esperanza colectiva de vivir en paz.
Experto en fiscalización. “X”: @gldubernard
