El pasado martes 23 de septiembre, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Ambas propuestas buscan eliminar la posibilidad de reelección del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante la proximidad del proceso de designación de quien ocupará ese cargo.
Ramírez Cuéllar es un legislador cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, la que se ha pronunciado en contra de la reelección en cargos de elección popular y en congruencia, asumo que también se opone a la reelección del actual Auditor Superior, quien busca con ahínco permanecer por otros ocho años en el cargo, buscando el apoyo de los numerosos aliados que ha acumulado en su gestión.
Las iniciativas envían mensajes inequívocos que llevan destinatario. Señalan que la no reelección previene la concentración de poder y evita la perpetuación de intereses particulares en la fiscalización del gasto público. Además, señalan que, al impedir la continuidad en el cargo, se promueve la independencia de la ASF, evitando incentivos para la alineación política o la falta de objetividad en la toma de decisiones.
En columnas anteriores he dado a conocer que las diversas modificaciones al reglamento interior de la ASF realizadas por el actual titular, principalmente las de agosto de 2021 —que motivaron mi renuncia en noviembre de ese año—, al desaparecer el Consejo de Dirección y la Unidad de Auditoría Interna; así como eliminar las atribuciones que tenían las áreas encargadas de realizar las auditorías para elaborar los dictámenes técnicos que sirven de base para presentar las denuncias penales, tuvieron como propósito suprimir los escasos contrapesos internos y concentrar todas las decisiones de lo que se aclara, investiga o denuncia en el titular de la Auditoría Especial de Seguimiento y por supuesto, en el propio Auditor Superior.
Las iniciativas también proponen otras medidas acertadas, como reducir de tres a dos la presentación de los informes de resultados de la fiscalización y publicar el programa anual de auditorías en diciembre de cada año; así como restablecer el Consejo de Dirección como órgano de consulta y análisis de las estrategias institucionales. Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes, si no se elimina la causa estructural que permite la concentración de poder en el Auditor Superior que es la atribución exclusiva para modificar el reglamento interior de la institución, sin ningún contrapeso.
Esta atribución ha sido utilizada para orientar la fiscalización superior hacia una toma de decisiones que responde más al interés personal y político del Auditor Superior que al mandato institucional, acumulando un enorme poder que se extiende hacia cualquier ente público o privado que utilice recursos públicos federales.
La ASF es estratégica en el combate a la corrupción. Desde su creación, ningún grupo parlamentario había contado con mayoría calificada para designar a su titular lo que obligaba al consenso. Hoy, Morena y sus aliados tienen esta mayoría. En este escenario, solo la presidenta Claudia Sheinbaum o el diputado Ricardo Monreal —abierto aliado del actual Auditor Superior—, decidirán. Y sus visiones sobre la lucha anticorrupción son diametralmente opuestas.
Mientras tanto, las iniciativas envían un mensaje claro: es momento de recuperar la institucionalidad, fortalecer los contrapesos y devolverle a la ASF su papel como garante de una fiscalización más democrática, transparente y efectiva, y en esta lógica no entra el actual Auditor Superior.
Experto en fiscalización. X: @gldubernard
