La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una de las instituciones clave para identificar, investigar y denunciar hechos de corrupción pretendiendo que se sancionen.

Cada seis meses la ASF presenta un informe a la Cámara de Diputados que incluye información con cortes al 31 de marzo y 30 de septiembre de cada año, que contiene la evolución de las observaciones que da a conocer en cada informe individual de resultados que emite.

La importancia de este informe consiste en que incluye, entre otra información, el estado que guardan las denuncias penales que ha presentado la ASF desde su creación ante la Fiscalía General de la República (FGR) y los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), únicas acciones que pueden dar lugar a que un servidor público sea sancionado en la vía penal o administrativa y que sus actos no queden impunes.

Lamentablemente, este es un informe que prácticamente pasa desapercibido y es poco conocido, inclusive para los estudiosos de los temas de fiscalización y combate a la corrupción. Este desconocimiento, así como la falta de interés de la sociedad en lo que informa la ASF, se vuelven una fortaleza para quien hoy es titular de dicho órgano fiscalizador, ya que muy pocos le cuestionan sus pobres resultados.

El titular de la ASF ha venido señalando que no se menciona lo bueno que realiza la institución, precisando que se ha privilegiado la prevención de actos de corrupción sobre la sanción y reconociendo que si hay menos observaciones a las entidades fiscalizadas es porque estas “tienen mecanismos eficientísimos de transparencia” y que “los funcionarios se han capacitado para cumplir con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas”.

De acuerdo con esta conveniente narrativa, adoptada por el titular de la ASF hace ya bastante tiempo, pareciera que no tenemos un problema grave de corrupción en México sino de falta de capacitación de servidores públicos en materia de rendición de cuentas. Por cierto, sin restarle importancia, la prevención no es precisamente uno de los objetos sustantivos que le están establecidos a la ASF en nuestra Constitución y en la Ley de Fiscalización.

Lo que sí le establecen a la ASF es que si derivado de las revisiones que realice aparecieran discrepancias, se deberán promover las denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales. Veamos qué nos revela este informe al respecto.

En relación con las denuncias penales la ASF ha presentado durante el año 2024 únicamente 3, dos de la Conade del año 2020 y una correspondiente al municipio del Mezquital Durango del año 2019, por la cantidad de 22 millones de pesos. Sobre la administración de López Obrador que recién concluyó, se han presentado únicamente 17 denuncias: 11 de Segalmex, 3 de la Conade y 3 de Diconsa.

Acerca de los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos ante el TFJA, le puedo comentar que por lo que toca a la administración de López Obrador, solo se ha presentado uno, del ISSSTE, del año 2019. De la fiscalización de los años 2020 a 2022 concluidas en su totalidad no hay ningún asunto presentado.

Es evidente que los resultados de la fiscalización han presentado una importante reducción en número y montos observados, y en denuncias presentadas ante la FGR y el TFJA. No tengo la menor duda de que es resultado de la manipulación que hace el titular de la ASF de la fiscalización superior para no “incomodar”, haciendo política, buscando su reelección en marzo del 2026. Sirva de ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Experto en fiscalización. X: @gldubernard

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