En los primeros días del pasado mes de marzo se llevaron a cabo reuniones públicas de trabajo entre servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los diputados integrantes de la Comisión responsable de vigilar su funcionamiento.
Lo informado en dichas reuniones viene a confirmar que el modelo actual de fiscalización superior ha dejado de ser funcional y demostró su vulnerabilidad, ya que pudo ser capturado por una sola persona, el titular de la ASF, quien desde su llegada ha modificado la organización y funcionamiento de la institución, eliminando los pocos contrapesos que existían, muy alejado de cómo se concibió hace 25 años y que fue respetado por los auditores superiores anteriores, llevando la toma de decisiones a un modelo centralizado, autoritario y opaco, lo que ha dado como resultado una institución ineficaz, poco confiable y útil para la sociedad, que no contribuye al combate a la corrupción e impunidad.
Es oportuno señalar que nuestra Constitución establece que la revisión de los recursos públicos federales la realiza la Cámara de Diputados a través de una institución, la Auditoría Superior de la Federación, con tiene autonomía para decidir sobre su organización y funcionamiento. Lo contradictorio es que la Ley de Fiscalización le da todo el poder al titular de la institución para modificar el reglamento interior a su conveniencia, sin la aprobación de nadie, como lo lee, “de nadie”, absurdo. Así es como se capturan las instituciones.
Mire, cuando me refiero a decisiones centralizadas es porque los diversos cambios realizados al reglamento interior han sido para eliminar contrapesos, desapareciendo el Consejo de Dirección, la Unidad de Auditoría Interna y eliminando las atribuciones para denunciar a las áreas auditoras, precisamente las que hacen las auditorías, concentrando las decisiones de lo que se aclara, investiga o denuncia en el Auditor Especial de Seguimiento.
Señalo autoritarismo, ya que, por voz del Auditor Especial de Desempeño, en su reunión con los diputados, nos enteramos de que él aprobó la presentación de la “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México” para su presentación a la Cámara de Diputados y a los ciudadanos en febrero del 2022 y precisó que él no la dio de baja del programa de auditorías ni tiene atribuciones para hacerlo. Que no se presentara fue una decisión del Auditor Superior —por más de que un Director General, sin atribuciones, asumiera la responsabilidad—, derivado de una molestia de dos subsecretarios, que se hizo pública, en un claro atropello de quién es el especialista en la materia y cabeza de la Auditoría Especial de Desempeño.
Hablo de opacidad, porque hice público en esta columna, que la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero no dio a conocer en su reunión con los diputados, que era su obligación, los resultados de dos auditorías programadas practicadas al Infonavit, respecto de los años 2017 y 2018, terminadas en octubre del año pasado, con quebrantos seguros al patrimonio de ese Instituto, por el tiempo transcurrido —que a la fecha no han sido aclarados— por 5,684 millones de pesos, guardando un silencio sospechoso, sobre asuntos que deben ser denunciados de inmediato para que no prescriban.
Hoy la fiscalización superior está capturada ya que sus resultados dependen de lo que disponga el Auditor Superior y conoceremos solo lo que él considere que debamos conocer y que no afecte sus intereses o los de ciertos grupos que puedan incomodarse con los resultados reales. ¿Le queda alguna duda sobre esta captura?