El pasado viernes, se anunció que entre el 17 y el 18 de febrero se publicará la convocatoria para inscribirse al proceso de selección de quien será titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los próximos ocho años.
Una de las opciones es la reelección del actual titular, ꟷlo permite la Constituciónꟷ pero su gestión ha llevado a la ASF a un deterioro sin precedentes: pérdida de la confianza ciudadana en sus resultados y, sobre todo, en sus consecuencias. Todo a partir de una muy calculada modificación realizada por el titular al reglamento interior en agosto de 2021, que lo liberó de contrapesos internos concentrando las decisiones en su persona, en un apoderamiento de la institución, manipulando la fiscalización y cuidando intereses para asegurar su continuidad, en un evidente “quid pro quo”.
Desde hace algunos años el titular de la ASF ha promovido la narrativa de priorizar la prevención sobre la sanción, justificando sus pobres resultados. La prevención es valiosa, pero no está contemplada como prioridad en el mandato constitucional ni en la Ley de Fiscalización. En contraste, la Constitución es precisa, respecto a que la ASF está obligada a activar los mecanismos que buscan sancionar a servidores públicos y/o particulares por los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita.
He sido un crítico abierto del actual titular, por abdicar del mandato constitucional. Hoy se realizan un mayor número de auditorías ꟷespecialmente en el Gasto Federalizado, con las llamadas auditorías “Colmena”ꟷ, pero hay muchos menos asuntos denunciados. Algunos datos ilustran la gravedad.
En 2024 y 2025, la ASF presentó solo once denuncias penales. De éstas, una se originó en la Auditoría Especial de Gasto Federalizado ꟷal Municipio del Mezquital, Durangoꟷ. En contraste, en 2019 y 2020 se presentaron 73.
De las 156 denuncias penales presentadas por la ASF al 30 de septiembre de 2025, correspondientes a las cuentas públicas 2017 a 2022, solo 16 corresponden al Gasto Federalizado: 8 a Gobiernos Estatales y 8 a Municipios. Sobre esas cuentas públicas se realizaron 8,146 auditorías y se observaron 6,332 asuntos con posible irregularidad por casi 170 mil millones, sin considerar las solicitudes de aclaración. En ese periodo las Aportaciones y Participaciones Federales a Estados y Municipios ascendieron a aproximadamente 10 billones de pesos. Ninguna denuncia está relacionada con la fiscalización de las participaciones federales.
Por otra parte, a la misma fecha, se habían presentado 1,841 asuntos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), buscando alguna sanción, de los cuales 1,829 corresponden a las cuentas públicas 2016 a 2018 y solo 12 de las cuentas públicas 2019 a 2022. Lo que, en el mejor de los casos, denota un importante atraso.
Sobre las mismas cuentas públicas 2016 a 2018, se presentaron 191 denuncias penales que contrastan con los 1,841 asuntos presentados al TFJA. Es decir, solo el 10.37% de éstos dieron lugar a una denuncia. Si bien no todos los asuntos que se presentan buscando responsabilidades administrativas implican delitos por hechos de corrupción, el porcentaje es reveladoramente bajo, ya que derivan de irregularidades no aclaradas.
La reelección del actual titular no solo prolongaría una gestión cuestionada, sino que consolidaría un modelo de fiscalización ineficiente, opaco, secuestrado por los intereses de unos cuantos, incapaz de responder a la exigencia social de rendición de cuentas y de dar un combate frontal a la corrupción e impunidad. La conclusión es clara. Actualmente, la función constitucional de la ASF no tiene consecuencias.
Experto en fiscalización. X: @gldubernard