"A río revuelto: SEGALMEX”, titulé mi columna del 27 de diciembre del año pasado, en alusión al refrán que aplicamos cuando alguien busca obtener beneficios indebidos aprovechando el caos, lo que aplica a la desastrosa administración de las empresas SEGALMEX, LICONSA y DICONSA a cargo de Ignacio Ovalle y actualmente de Leonel Cota Montaño quién, en su momento, reconoció ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el desaseo en esa institución.
Los resultados dados a conocer de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a estas tres empresas no son estáticos en tanto se modifican con el transcurso del tiempo en función del resultado del proceso de aclaración a las cuentas públicas 2019 y 2020 al que tienen derecho estas empresas y los resultados de las auditorías a la cuenta pública 2021, no conocidos cuando escribí esa columna.
Entonces señalaba que los informes de resultados de las cuentas públicas correspondientes a los años 2019 y 2020 contienen 37 asuntos por 4,793 millones de pesos (mdp), donde se acreditaron afectaciones a la Hacienda Pública Federal, pero estaban sujetos al proceso legal de aclaración y 10 asuntos por 8,013 mdp, que de no aclararse también podrían constituir daños o perjuicios, de los cuales, 5, por 5,172 mdp, se confirmaron posteriormente en este sentido. En total 47 asuntos observados por 12,806 mdp. Lo grave es que ninguno de estos asuntos ha sido aclarado, a pesar de que se refieren a operaciones realizadas en los años 2019 y 2020. Veamos cómo se han comportado a la fecha.
De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de la ASF, existen 28 asuntos que siguen en el área de seguimiento por 7,346 mdp, los cuales por el tiempo transcurrido y los plazos legales para que la ASF se pronuncie respecto a si se aclararon o no -aproximadamente 9 meses-, están por mucho rebasados, lo que denota el gran atraso que tiene la Auditoría Especial de Seguimiento a la que se le ha señalado como un embudo o bien, a las facilidades que se otorgan a los entes fiscalizados consentidos para que, a pesar de haber transcurrido el tiempo legal, puedan seguir en etapa de aclaración.
Los restantes 19 asuntos por 5,459 mdp se encuentran en etapa de investigación; es decir, no fueron aclarados; de éstos, 14 que involucran recursos públicos por 2,188 mdp -monto que pudiera variar, por no ser un dato público-, ya han sido denunciados por la ASF ante la Fiscalía Anticorrupción.
En cuanto a los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2021 a estas empresas, que se dieron a conocer el pasado mes de febrero, la ASF determinó 22 asuntos por 6,963 mdp, los cuales se encuentran en la etapa de aclaración, aun dentro de los plazos establecidos por la Ley de Fiscalización.
En total la ASF ha practicado 10 auditorías a estas tres empresas correspondientes a las cuentas públicas 2019 a 2021 y ha identificado 69 posibles irregularidades por 19,770 mdp, pero por increíble que parezca, a pesar del desastre identificado, para la fiscalización de la cuenta pública 2022, la ASF incluyó en su programa de fiscalización las auditorías a SEGALMEX y DICONSA hasta julio de 2023, ninguna a LICONSA.
El paso de cada administración pública deja impreso en la memoria de los ciudadanos un sello de corrupción, desde que tengo memoria así ha sido, pero para no ahondar mucho en el pasado, me referiré recientemente a la Estela de Luz de Calderón, las compras de las plantas chatarra de Agro Nitrogenados y FERTINAL de Peña Nieto y en esta administración sin duda el sello será el de SEGALMEX, DICONSA y LICONSA, el triángulo de la corrupción.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA.
Twitter: @gldubernard @CPCSNA
