Hace tres años escribí mi primera columna en este prestigioso diario. En aquella ocasión, cuestioné si el combate a la corrupción e impunidad en México era una batalla perdida. Al menos durante los últimos siete gobiernos, las promesas de acabar con estos males nos han sido incumplidas a los ciudadanos.
Debo reconocer la enorme complejidad que implica atender estos pendientes. La magnitud de los recursos públicos federales que se gastan anualmente es inmensa. En 2024 el gasto ejercido fue de 9.2 billones de pesos, dispersos en miles de entes públicos a nivel federal, estatal y municipal. En cada uno de éstos hay funcionarios con poder para decidir con quién contratar obras, bienes y servicios. Ante la oportunidad que ofrece el cargo, surge la tentación de obtener ventajas económicas indebidas, a la que muchos sucumben.
Es claro que no es posible terminar con la corrupción, la cual existe en los países más desarrollados. Sin embargo, en la mayoría de éstos las estructuras gubernamentales establecidas para vigilar y sancionar el uso indebido de recursos públicos sí funcionan.
Señalé entonces que en julio de 2016 nació el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con enormes expectativas al contemplar por primera vez la participación ciudadana a través de un Comité y la coordinación de todas las instituciones con atribuciones para combatir corrupción e impunidad. Entre ellas: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la ASF, el entonces INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción.
A tres años de mi columna, el SNA no logró la funcionalidad esperada y hoy está paralizado. La ASF, uno de sus pilares más importantes en la detección del uso irregular de recursos, transita por su etapa más oscura, opaca y politizada. El Sistema Nacional de Fiscalización, también parte del SNA, presidido tanto por la ASF como por la SFP y que integra a los órganos estatales de fiscalización superior y las secretarías estatales responsables del control interno, no opera.
Por su parte el Comité de Participación Ciudadana (CPC), sin peso real dentro del SNA, pasó de tener cinco integrantes a tres. Un órgano que ha cobrado notoriedad por el activismo reciente de su actual presidenta, Vania Pérez Morales, quién ha señalado asuntos que deberían investigarse y que representa la voz de muchos mexicanos; sin embargo, su periodo concluye en enero del próximo año. A la fecha, el Senado de la República no ha iniciado el proceso para elegir a la comisión que deberá seleccionar a los tres integrantes faltantes.
El INAI, órgano autónomo, garante del acceso a la información pública desapareció y sus funciones fueron absorbidas por un órgano desconcentrado de la SFP llamado Transparencia para el Pueblo.
Por lo que toca a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), responsable de revisar el uso de recursos públicos federales, debemos exigir que cumpla sus funciones con objetividad, independencia, imparcialidad y, sobre todo, con transparencia, permitiendo y facilitando el escrutinio público. Realizando una fiscalización de cara a los ciudadanos, que hoy no existe y ello solo se logrará con la designación, el próximo año, de un nuevo titular dispuesto a fortalecer y transparentar su funcionamiento.
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el SNA “no está funcionando a plenitud”. Enfatizó que el esquema es bastante complejo y que es un buen momento para ponerlo a revisión, con el fin de garantizar que cualquier acto de corrupción encuentre castigo y se logre “cero impunidad”. Eso abre una ventana para una revisión necesaria y profunda del SNA.
Experto en fiscalización. X: @gldubernard