La corrupción ha sido un flagelo persistente que ha afectado el desarrollo social y económico de México. Pretendiendo combatir de forma efectiva este problema, en 2016 se promulgó una ley que le dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el objetivo de coordinar los esfuerzos de todas las instituciones y niveles de gobierno responsables de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Su nacimiento generó una gran expectativa en nuestra sociedad, especialmente en aquellos interesados e involucrados en que se abata este cáncer.
El SNA contempla la participación de la sociedad a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio -actualmente solo son cuatro- y a partir del próximo 7 de febrero quedarán tres al concluir el periodo de su actual presidenta Magdalena Rodríguez Castillo, quien deja de pertenecer al comité y le entrega la estafeta a Vania Pérez Morales una experta en temas de ética, integridad, transparencia y anticorrupción, quien lleva poco más de tres años formando parte de este comité, por lo que conoce a la perfección el funcionamiento del SNA y de las instituciones que lo conforman.
En el contexto de la razón de ser del SNA, este grupo de ciudadanos “debería” ser la voz y representarnos a todos los mexicanos, dentro de los cuales existe un segmento muy importante de la sociedad que está cansada de constatar día a día que la añeja corrupción persiste y que seguimos viviendo en un estado de impunidad como bien lo precisa la Política Nacional Anticorrupción preparada en el seno del SNA, la cual establece que ésta “se enfoca en dar solución a la incapacidad que se ha tenido tanto desde el estado como desde la sociedad para controlar la corrupción”, identificando dentro de sus causas a la “prevalencia de altos niveles de impunidad en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción”. Así de claro.
Un ejemplo de lo anterior son las muy pocas sentencias condenatorias hacia servidores públicos involucrados en actos de corrupción, así como otros actos, que aun cuando son revelados en los informes de resultados que presenta periódicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no son denunciados. Aquí he comentado que este órgano de fiscalización presentó únicamente tres denuncias penales durante el año de 2024.
El CPC ha venido enfrentando resistencias que limitan la efectividad del SNA como la negativa de la ASF a colaborar, ya que a pesar de ser uno de sus pilares, no le interesa. También afronta una débil influencia para asegurar que sus recomendaciones, las pocas que realiza, sean implementadas por las autoridades competentes, ya que ocupar la presidencia del SNA no le otorga ninguna ventaja, digamos que es un mero adorno.
Uno de los retos que enfrentará este comité es el antagonismo existente entre sus integrantes respecto al papel que debe desempeñar dentro del SNA. Hay quienes han decidido ser “políticamente correctos”, ubicados en su zona de confort, como si dicho comité fuera un ente más de la Administración Pública -su contraprestación se paga con recursos públicos- y no verdaderos representantes ciudadanos que levanten la voz para hacer señalamientos respecto a las insuficiencias en los propósitos que persiguen las instituciones que conforman el SNA.
En realidad, muy pocos conocen al CPC y menos saben lo que hacen, por lo que se requiere una comunicación efectiva para lograr un mayor acercamiento, colaboración y apoyo de la sociedad civil, de la cual “se supone” provienen y a la que representan. En este espacio está su fortaleza.
Experto en fiscalización. “X”: @gldubernard