A finales de 2024 la Unidad de Evaluación y Control (UEC), perteneciente a la Comisión de la Cámara de Diputados que vigila el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió nueve informes con el objeto de analizar las consecuencias de la acción fiscalizadora de la ASF. Estos documentos contienen información valiosa para comprender, a través de datos duros, aspectos tan complejos como el combate a la corrupción e impunidad. En este contexto, me centraré en lo que se revela sobre los efectos de la presentación de denuncias penales.
Uno de estos informes señala que, al 30 de septiembre de 2024, la ASF había presentado 265 denuncias penales que involucran 35,609 millones de pesos, relacionadas exclusivamente con la fiscalización de los años 2015 a 2022. De este total 35,584 millones de pesos (99.92%), más otro monto de 203 millones de dólares, se encuentran en procesos activos.
El informe identifica el estado procesal de las denuncias presentadas. En 232 casos (87.55%), las carpetas de investigación se encuentran “En Integración”; 21 denuncias (7.92%) han sido “Judicializadas”, es decir, un juez ha decidido iniciar un proceso judicial; en 3 casos (1.13%) se determinó el “No Ejercicio de la Acción Penal”; otras 3 denuncias (1.13%) fueron suspendidas por darse una solución alterna; 1 denuncia (0.38%) fue concluida por la reparación del daño; y finalmente, se emitieron 3 (1.13%) sentencias. De estas últimas, 2 se encuentran firmes y han sido condenatorias y una no fue favorable para la ASF.
Es importante destacar que la Fiscalía especializada en materia de Combate a la Corrupción inició funciones a partir del año 2019; en consecuencia, de las 265 denuncias consideradas en este informe ha investigado poco más de 170 casos, de los cuales 21 (12.35%) han sido judicializados. Este porcentaje implica una mejoría en la tendencia de asuntos que han sido llevados ante un juez; sin embargo, para incrementar la eficiencia es necesario analizar si las fiscalías cuentan con suficientes recursos humanos para atender la complejidad de su labor con mayor oportunidad.
Por otra parte, preocupa que un hecho de corrupción, desde que es identificado por la ASF y transita por sus procesos internos de seguimiento e investigación —los cuales pueden tardar más de cuatro años antes de que se presente la denuncia— hasta que un juez emite la sentencia, implica un proceso excesivamente largo que contribuye a la percepción de que no se combate la corrupción. Es necesario reducir los plazos que la ASF tiene para realizar sus actividades de seguimiento e investigación.
Pero lo que resulta verdaderamente preocupante se refiere a la levedad de las penas impuestas. El informe reporta sentencias condenatorias para cinco personas. Una de éstas consistió en prisión de cinco meses y 29 días, inhabilitación para desempeñar un cargo público por el mismo periodo, y una multa de 6.8 mil pesos. Otra sentencia impuso un año cuatro meses de prisión, multa por 66 días y una reparación del daño de 57.4 mil pesos. Dos casos recibieron seis meses de prisión, mientras que el último tuvo un año y cuatro meses de prisión, una multa de 67 días y reparación del daño de 238.1 mil pesos.
Los resultados de este informe permiten dimensionar la complejidad y lentitud para lograr una sanción corporal derivada de un hecho de corrupción; así como el enterarnos de la imposición de penalidades que parecen ridículas; y, conocer la nula recuperación de recursos públicos desviados para el beneficio indebido de servidores públicos y particulares. Todo lo anterior, contribuye a perpetuar el estado de impunidad en que vivimos.
Experto en fiscalización. @gldubernard